La abogacía catalana ha iniciado el proceso para contar con un nuevo código deontológico que regulará todos los ámbitos del ejercicio profesional. De esta forma, se desmarca del resto de comunidades autónomas con un texto pionero que pretende convertirse en norma jurídica de obligado cumplimiento para los abogados que ejerzan en Cataluña.
Así se acordó, por unanimidad, el pasado viernes, en las IX Jornadas de Juntas de Gobierno de los Colegios de Abogados de Cataluña, organizadas por su Consejo General (CICAC), en Montbrió del Camp (Tarragona).
Esta iniciativa responde, según se puso de manifiesto en las jornadas, a la voluntad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 125 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, así como a lo dispuesto en los artículos 60.1 b) y 61 de la Ley de Ejercicio de las Profesiones Tituladas y de Colegios Profesionales de Cataluña que, entre otras cuestiones, otorga la potestad a los Consejos de Colegios Profesionales para elaborar las normas relativas al ejercicio profesional y al régimen disciplinario. Además, la Ley catalana de colegios profesionales estableció un plazo de dos años para que los Colegios formularan este conjunto de normas.
Este hecho, tal y como ya avanzó EXPANSIÓN, podría desafiar el actual modelo estatal, ya que abre la puerta a la diferenciación en cuestiones tan importantes como la deontología profesional, el régimen disciplinario, la ordenación, la formación o la representación en el exterior del ejercicio profesional.
La Constitución
En cualquier caso, en el borrador de Código, aprobado el pasado viernes por los miembros de las Juntas de Gobierno de los colegios de abogados catalanes, se indica expresamente que todas estas cuestiones se regularán conforme a los principios constitucionales y manteniendo el principio de colegiación única que facilita la movilidad profesional del abogado al permitir el libre ejercicio en todo el ámbito del territorio catalán y del Estado.
Preguntado al respecto, el Consejo General de la Abogacía (CGAE) ha declinado pronunciarse sobre el futuro código catalán al “no conocer aún el texto”, señalaron fuentes del CGAE. Lo que sí han expresado las mismas fuentes es que “en materia deontológica el Consejo de la Abogacía española quiere contar siempre con los niveles de exigencia más altos posibles”. Por ello, si desde Cataluña se establecen niveles más elevados en esta materia, “podría promoverse una reforma a nivel nacional para ir en la misma línea”, indican desde el CGAE.
En cualquier caso, lo que aprobaron el viernes las Juntas de Gobierno de los Colegios de Abogados catalanes es el borrador de lo que será el futuro Código y que ahora se deberá reformular con las correcciones recogidas durante la jornada para que el Pleno del CICAC lo apruebe finalmente. Posteriormente, se abrirá un proceso de información pública en el seno de cada Colegio y, una vez aprobado definitivamente, será presentado a la Generalitat. El borrador de Código ha sido redactado por Cristóbal Martell, presidente de la Comisión Deontológica del Colegio de Barcelona y su asesoría jurídica.
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