El Gobierno y las Comunidades Autónomas crearon ayer lunes el Consejo Territorial de la Dependencia, en cuya constitución se han negado a participar los consejeros del PP, y establecieron el baremo estatal de discapacidad.
Las comunidades gobernadas por el PP se han negado a votar la constitución del organismo al considerar que los 12 representantes del Gobierno central son demasiados en un tema cuyas competencias están transferidas a las autonomías.
"Me parece poco aceptable que determinaciones en las que las comunidades autónomas tenemos las competencias exclusivas puedan ser aprobadas por mayoría del Gobierno, con 12 representantes del ministerio", dijo la consejera madrileña de Servicios Sociales y Familia, Beatriz Elorriaga.
El nuevo consejo, que es el encargado de elaborar los reglamentos de desarrollo de la ley de Dependencia, tiene además 17 representantes de las Comunidades Autónomas, dos de Ceuta y Melilla y dos de la Federación Española de Municipios y Provincias.
Asimismo, Gobierno y autonomías han definido el baremo estatal del sistema de dependencia, que establece el grado y el nivel de discapacidad de los ciudadanos para que éstos puedan comenzar a recibir las ayudas establecidas por la nueva ley.
El baremo incluye diferentes tipos de discapacidad – física, psíquica, mental o intelectual – e identifica el nivel y problemas de desempeño que pueden tener estas personas en su vida diaria.
Hay unas tablas de puntuación numérica de 0 a 100. Los dependientes moderados recibirán calificaciones entre 25 a 49 puntos, los severos de 50 a 74 y los muy dependientes de 75 a 100.
Los menores de tres años tendrán un baremo específico para sus necesidades.
El objetivo es que el 1 de abril, como muy tarde, "se puedan ya establecer las valoraciones de las personas afectadas por situaciones de dependencia y a partir de ese momento puedan empezar a recibir los servicios y las prestaciones económicas que recoge la ley", declaró el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera.
En España se calcula que hay más de 1.125.000 personas dependientes, la mayoría de más de 65 años, pero esta población, según las previsiones, aumentará en los próximos años.
La atención a los dependientes se realiza en el ámbito familiar y recae especialmente en las mujeres que no pueden llevar a cabo actividad laboral alguna. De hecho, y según datos del Libro Blanco de la Dependencia, sólo uno de cada cinco familiares cuidadores tiene un empleo.
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