El desembarco de empresas de construcción portuguesas que operan como subcontratistas en Zamora, sobre todo en la zona fronteriza de Sanabria, Aliste y Sayago, con empleados que trabajan a destajo y cobran según el convenio del país vecino, donde el salario es muy inferior al de Zamora, aproximadamente la mitad, según los datos de que dispone UGT, ha dado lugar a las primeras acciones sancionadoras por parte de la Inspección de Trabajo.
La Federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT, según avanzó ayer su secretario provincial, Andrés Mielgo, tiene constancia de al menos dos denuncias. Una de ellas, por una infracción grave, lo que puede acarrear multas de entre 3.000 y 30.000 euros, ha sido tramitada contra una empresa lusa que trabajaba en la zona de Hermisende. La otra denuncia corresponde a una obra en Alcañices, aunque UGT no dispone de más datos.
La frecuencia con la que operan en Zamora estas empresas portuguesas como subcontratistas ha generado una situación que preocupa tanto a las organizaciones sindicales como a la patronal, ya que «supone una competencia desleal para los trabajadores y las empresas de aquí». A ello se suman las penosas condiciones laborales de los asalariados portugueses, cuando «el convenio de Zamora obliga a que las empresas de fuera con condiciones inferiores que trabajen en la provincia tendrán que aplicar las de aquí», explicó Mielgo.
Campaña regional
Esta situación, que en los últimos años se ha añadido a los problemas del sector de la construcción, fue abordada durante la rueda de prensa previa a la asamblea para informar a los trabajadores de Zamora de la reivindicación de UGT respecto a la jubilación a los 60 años para los trabajadores de obra sin consecuencias negativas para el cálculo de su pensión, dada la «penosidad, peligrosidad y toxicidad» que concurren en una actividad que conlleva trabajo en altura, sobreesfuerzo y exposición a agentes químicos y tóxicos, entre otros aspectos.
Esta reivindicación histórica y la entrada en vigor de la Ley de Subcontratación en este sector son dos de los aspectos que marcarán la negociación para este sector.
¿Qué hace un trabajador con 60 años subido a un andamio o cavando una zanja o colocando ladrillos? es la pregunta que ilustra la campaña de MCA-UGT de Castilla y León. Luis José Martín Iglesias, responsable regional del sindicato, incidió en que a partir de esta edad, además, muchos trabajadores se ven abocados al paro «expulsados por el propio mercado» o a encadenar bajas laborales debido a las secuelas de los esfuerzos sufridos, «por lo que se jubilan con lo que pueden».
Los trabajadores de entre 55 y 65 años -la estadística no contempla la franja a partir de los 60- suponen en torno al 16% del total en un sector donde la edad media es de 48 años.
1.600 en la provincia
En Zamora, el número de trabajadores de la construcción ronda los diez mil, por lo que la cifra de asalariados que tienen o se acercan a la edad para la que el sindicato reclama la jubilación anticipada, en función de unos coeficientes reductores, sería de unos mil seiscientos.
Esta medida se aplicaría al trabajador de obra activo, es decir, los ocupados en la construcción, los desempleados cuyo último trabajo se haya desarrollado en este sector, o los trabajadores con incapacidades derivadas de accidentes o enfermedad profesional ocasionada como consecuencia de esta actividad.
En la asamblea se informó también de la Ley Reguladora de la Subcontratación, que pretende frenar los accidentes laborales en la construcción y que introduce, entre otras novedades, la obligatoriedad de que las empresas de la construcción tengan al menos un 10% de trabajadores indefinidos, un porcentaje que se elevará al 20% cuando pasen 18 meses desde que comience a aplicarse la normativa y al 30% después de tres años de entrada en vigor de la ley.
Además, se creará un registro de empresas acreditadas que dependerá de la autoridad laboral competente y se obligará a los empresarios a informar a los representantes de los trabajadores de las contrataciones y subcontrataciones que se realicen en las obras. Asimismo, la nueva ley incidirá en el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales en las obras de construcción, en la formación de los trabajadores y en dar una mayor estabilidad en el empleo.
Según un estudio nacional, unas diez mil empresas de la construcción desaparecerán por incumplir los requisitos de la Ley Reguladora de la Subcontratación en el sector.
En cuanto al convenio colectivo para el sector, se plantea el establecimiento de un salario mínimo sectorial; la reducción de la jornada anual, que actualmente es de 1.746 horas, hasta alcanzar las 35 semanales; el establecimiento de compensaciones por el tiempo que desplazamiento de los trabajadores; una subida salarial del 3%, y la clarificación de los días de vacaciones. «El calendario marca 21 días y nosotros entendemos que son laborables, sin sábados, domingos o festivos», explicaron los dirigentes sindicales.
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