El pleno de Les Corts Valencianes aprobó este lunes, con los votos favorables del PP y de EU-Entesa y el voto en contra del grupo parlamentario socialista, la ley por la que se regulan las empresas de inserción para fomentar la inclusión social en la Comunitat.
Esta ley se aplicará a las empresas valencianas que se dedican específicamente a la inserción y también contempla ayudas para aquellas empresas radicadas en la Comunitat que contraten a trabajadores que hayan realizado su itinerario en las firmas de inserción.
La norma aprobada, para cuya aplicación la Generalitat prevé invertir ocho millones de euros entre 2007 y 2010, establece que podrán calificarse como empresas de inserción las estructuras productivas de bienes o servicios sin ánimo de lucro que tengan entre sus fines primordiales la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social.
Estas empresas deberán mantener al menos un 30 por ciento de trabajadores en proceso de inserción sociolaboral y facilitar a los empleados que ocupen una plaza de inserción medidas personalizadas de apoyo, así como disponer de personal propio especializado en la realización de las medidas personalizadas de apoyo.
La situación de exclusión social se acreditará por parte de los servicios sociales y quedará determinada por la pertenencia, entre otros, a colectivos como los de perceptores de rentas mínimas de inserción, menores de edad situación administrativa de tutela declarada por la Generalitat, jóvenes mayores de 16 años o menores de 30 procedentes de instituciones de protección de menores, personas con problemas de drogadicción o ex presos, entre otros.
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