La Asociación de Afectados de Sintel afronta hoy su Junta Directiva Anual con el objetivo de exponer y aprobar los puntos principales del plan de movilizaciones que someterán a votación en la próxima Asamblea General. Los miembros de la junta fijarán también la fecha de la votación, que podría celebrarse a mediados de febrero.
El punto central de la reunión será establecer las acciones 'necesarias para seguir avanzando'. La intención de los trabajadores es 'recordar al Gobierno sus promesas electorales' y para ello, pretenden 'cambiar el formato de la lucha sin recurrir a acciones espectaculares', según explicó el portavoz de la asociación Adolfo Jiménez.
Desde la quiebra de Sintel en agosto de 2001 las reivindicaciones siguen siendo las mismas pero las circunstancias han cambiado. Los trabajadores afectados, en la actualidad, optan por 'apoyar la vía penal que se juzga en la Audiencia Nacional y combinarla con acciones públicas puntuales', declaró su portavoz.
La estrategia emprendida se deriva del amparo que emitió el pasado 3 de noviembre el Tribunal Constitucional declarando nula la orden del Gobierno que les prohibió manifestarse en enero de 2003. En segundo lugar, de la solicitud de imputación del ex presidente de Telefónica Juan Villalonga y nueve personas de su entorno remitida por la fiscalía a la Audiencia Nacional y, por último, del periodo preelectoral en el que nos encontramos.
Según explicó Jiménez, la intención es 'recordar al Gobierno el cumplimiento del acuerdo' que incluía el pago de indemnizaciones y un sueldo de veinte días por año desde el momento de la quiebra, la recolocación en empresas adjudicatarias y la prejubilación de los mayores de 50 años. Unas medidas que se han llevado a cabo 'sólo en parte'.
En Sintel trabajaban unos 1.800 empleados que se quedaron sin empleo a raíz de la quiebra. Cien de ellos no forman parte del grupo de operarios, administrativos y técnicos adscritos a la asociación, otros 500 que si forman parte de este grupo están prejubilados por lo que resta un total de 1.200 personas que siguen solicitando el cumplimiento de los acuerdos firmados con el Gobierno y que se encuentran repartidos por 40 provincias españolas.
Cargando ...
Los comentarios están cerrados.