El líder de la AUGC la considera una decisión «irresponsable» y avisa que tendrá «consecuencias imprevisibles»
Los ánimos continúan encrespándose en torno a la manifestación que el pasado 20 de enero protagonizaron miles de guardias civiles uniformados. El Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, abrió hoy expediente gubernativo a otros 16 dirigentes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) por falta muy grave y que se suman a los impuestos al secretario general y al secretario de Comunicación de la asociación.
Mientras el Gobierno advirtió que «no aceptará chantajes» en este asunto, la AUGC tachó la decisión de «irresponsable» y avisó de que tendrá «consecuencias imprevisibles».
Joan Miquel Perpinyà y Juan Antonio Delgado, secretario general y secretario de Comunicación de la AUGC, respectivamente, fueron expedientados la semana pasada atendiendo al artículo 9.9 del Régimen Disciplinario, que considera falta muy grave aquellas «conductas gravemente contrarias a la disciplina, servicio o dignidad de la Institución que no constituyan delito». En el caso de que estos dos expedientes, igual que los 16 abiertos hoy, deriven en sanción muy grave, los agentes pueden ser castigados con pérdida de puestos en el escalafón, suspensión de empleo o separación del servicio.
Además, a los 18 se les ha suspendido de sus funciones cautelarmente durante 90 días. Los expedientados hoy, 16 dirigentes de la AUGC, ocuparon el escenario durante todo el acto, vestidos con el uniforme reglamentario y sin pistola. También entre el público se pudo observar a muchos agentes uniformados, aunque las fuentes consultadas descartaron que vaya a ser objeto de expediente. Según el Servicio de Información de la Guardia Civil, en la Plaza Mayor de Madrid se congregaron unos 1.200 agentes de uniforme, mientras que la AUGC elevó esta cifra hasta los 3.000.
En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, recalcó sobre este asunto que las iniciativas emprendidas por el Ejecutivo han logrado avances «que no se habían logrado nunca en las condiciones de trabajo de la Guardia Civil». Según aseguró, las medidas emprendidas por el Gobierno «van a permitir la modernización de las estructuras del Cuerpo, que cuenta con tan excelentes y magníficos profesionales».
Ni insubordinaciones ni chantajes
«Ese es el proceso en el que estamos», sentenció. «Ahora bien», aseveró la vicepresidenta «el Gobierno no va aceptar como no puede ser de otra manera ninguna insubordinación ni ningún chantaje. La Ley tiene que cumplirse y nuestro objetivo es que se cumpla», zanjó De la Vega. Mientras, el secretario general de la AUGC, consideró las sanciones contra él mismo y otros 17 agentes una «nueva medida de represión» por parte del Gobierno que no hace sino «agravar» una posible salida «dialogada» a la situación, puesto que «se está quedando sin interlocutores».
«La AUGC representa a 27.700 agentes, esto es, a uno de cada tres», afirmó Perpinyá, que consideró que la apertura de nuevos expedientes una medida «irresponsable» que deja entrever cómo el Gobierno se «pliega a las exigencias de la cúpula militar de la Guardia Civil y del Ejército». Así, el guardia civil advirtió de que las sanciones tendrán «consecuencias imprevisibles» porque la AUGC «no se va a quedar sentada de brazos cruzados». «Nosotros no nos vamos a quedar parados viendo esta irrefrenable política represiva que han puesto en marcha Rubalcaba y Mesquida», concluyó.
Declaración de los expedientados
El próximo lunes, el teniente coronel del Cuerpo Jurídico Militar, instructor del expediente gubernativo 11/07 que se sigue contra Perpinyá, recibirá declaración al secretario general de la AUGC. El miércoles 7 de febrero tendrá lugar en la Comandancia de Cádiz un similar procedimiento contra Delgado y en los próximos días el resto de expedientados deberá pasar por el mismo trámite.
Cuando el instructor finalice el expediente, están capacitados para imponer la sanción los generales de zona, división o brigada y de ahí, para arriba en el escalafón, es decir, el propio Mesquida, el secretario de Estado de Seguridad e, incluso, el ministro del Interior. Al tiempo, se dará conocimiento del mismo a la Fiscalía Togada por si ésta apreciase delito en la actuación de los agentes que se manifestaron de uniforme, tra lo que podría abrir diligencias y someterles a un juicio militar, algo que diversas fuentes de la Benemérita descartan por completo.
Bajo el lema 'Derechos, ya', la AUGC denunció en la manifestación del 20 de febrero el incumplimiento de las promesas electorales del PSOE: un estatuto de Derechos y Deberes que regule el asociacionismo en el Cuerpo y un nuevo Régimen Disciplinario. El Ejecutivo recibió de Interior, el pasado día 12, un anteproyecto de Ley Orgánica para la reforma del actual Régimen Disciplinario de la Benemérita que, entre otras cosas, elimina la aplicación de la jurisdicción militar para los guardias civiles en misiones policiales. Sin embargo, la AUGC lo considera «claramente insuficiente» y denuncia que el trámite parlamentario hará imposible su entrada en vigor en la presente legislatura.
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