La Federación de Servicios y Administraciones (FSAP) de Comisiones Obreras ha recurrido ante el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) el proceso de selección que ha puesto en marcha por el procedimiento de concurso-oposición para la contratación de tres maestros y un trabajador social para los programas que se desarrollan al amparo del convenio MEC-Ciudad. Paradójicamente no será el Ministerio quien contrate a este personal, sino la Ciudad, donde se integrarán como trabajadores indefinidos (mientras siga en marcha el convenio).
La FSAP considera que se trata de «una invasión de competencias» que, además, incumple «claramente» el propio convenio MEC-Ciudad. A juicio del sindicato, la convocatoria es «nula de pleno derecho», por lo que ha asegurado que si el Ministerio no atiende su recurso llevará el caso a los juzgados. De entrada, el lunes pedirá a la Ciudad por escrito que suspenda su participación en el proceso y que no contrate a los trabajadores que se seleccionen en el caso de que el MEC siga adelante.
La falta de legitimación del MEC no es ni mucho menos la única irregularidad que ha advertido el sindicato. El sindicato cuestiona hasta la propia titulación exigida. Así hay una plaza de maestro de biblioteca, una titulación inexistente para desempeñar un trabajo al que, por ejemplo, no podría acceder un licenciado en Biblioteconomía. Pero tampoco se queda ahí. Según la federación de CC. OO. que representa a los empleados públicos, hay al menos otras cuatro: la propia convocatoria; la titulación exigida; los criterios de baremación; las pruebas y la composición del tribunal. El MEC no ha negociado con los sindicatos la convocatoria de las cuatro plazas, una circunstancia que supone una ilegalidad, y que la semana pasada fue motivo suficiente para que los tribunales dieran la razón a UGT y anularan una jefatura de Control Presupuestario creada por el Gobierno local.
Además, el Real Decreto que regula el acceso a la función establece que la fase de concurso (en la que se valora la formación y la experiencia) no debe superar el 40 por ciento de la nota, pero el MEC ha repartido a partes iguales el peso de esta parte de la convocatoria, que el de la oposición. Además, esta última fase del proceso de selección constará de una prueba práctica, pero no existe un temario, y no se establece, como es preceptivo, que para pasar a la fase de concurso, previamente ha de aprobarse el ejercicio práctico. Esta circunstancia vulnera, según la FSAP, los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad
La selección será realizada por un tribunal que estará compuesto por tres representantes del MEC, dos de la Ciudad y uno del Comité de Empresa, es decir, seis en total cuando la legislación dice que el número siempre debe ser impar para evitar la posibilidad de que haya un empate.
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