El plan de pensiones de la Administración General del Estado no ha sido de los peores del sistema de empleo en 2006, con una revalorización del 4,6%. Pero ilustra a la perfección el grave problema que sufren los planes de empleo (los que crean las empresas para sus empleados): la absoluta falta de información al partícipe. Algo especialmente grave cuando el plan es el que más partícipes tiene de España, 540.000, con un patrimonio de 215 millones de euros.
En efecto, la información que han recibido los funcionarios, a la que ha tenido acceso El Confidencial, consiste en medio folio en el que simplemente se destaca que ha batido la media de su categoría (renta fija mixta), del 3,84% en 2006, y que ha cumplido sus objetivos de superar a la inflación. El resto se dedica a explicar las aportaciones que hará el Estado al plan en 2007, el 0,5% de la masa salarial, y a cuánto tocará cada funcionario en función de su categoría.
Ni una palabra sobre la cartera del fondo, ni sobre cómo ha obtenido la rentabilidad, ni sobre cómo se compara ésta con algún índice de referencia (benchmark). Ni siquiera aparece el nombre de la entidad que tiene encomendada la gestión (BBVA).
“Si ésta es la información que da una gestora a los partícipes de un plan individual contratado en una oficina bancaria, se encontrarían con miles de reclamaciones porque nadie aceptaría una información tan pobre”, aseguran en una firma del sector. “Pero parece que los trabajadores no tienen derecho a ser informados, ni a reclamar, ni a cuestionar si la gestora de su plan de pensiones es la mejor posible”, añaden estas fuentes.
Falta de cultura y de dedicación
Se trata de una queja generalizada en los planes de empleo de las grande empresas y organismos del país. Este tipo de productos se rige por una comisión de control en la que están representados el promotor del plan (la empresa) y los beneficiarios (los trabajadores a través de sus representantes sindicales). Esta comisión de control es la responsable de elegir a la gestora, de hacer el seguimiento de su operativa y de informar al partícipe. Es más, la nueva Ley del año pasado que adapta las directivas europeas sobre la materia incrementa notablemente las responsabilidades de esta comisión.
¿A qué se debe entonces esta falta de información? Según las fuentes del sector, una razón es que “todavía tenemos en España una cultura antigua de falta de transparencia que considera que los trabajadores son unos ignorantes sin cultura financiera y que, por tanto, no merece la pena darles una información en condiciones”.
Otras fuentes son todavía más críticas: “Pertenecer a una comisión de control es un marrón que le cae a la gente aparte de su trabajo normal, por lo cual nadie le presta la dedicación que exige”. No obstante, los representantes sindicales en estas comisiones en las grandes empresas o la administración suelen ser liberados o, al menos, tener horas sindicales para esta labor.
En un congreso sobre planes de pensiones celebrado la semana pasada por IIR, un miembro de la comisión del plan de Repsol YPF llegó a decir que “no podemos estar explicando a los partícipes por qué un plan de renta fija ha perdido en un mes; es algo que no entienden”, y abogó por la creación de un cargo específico encargado de atender las quejas. Incluso admitió que las comisiones de control, en general, no entienden muy bien la diferencia entre las figuras de gestora y depositario.
Es más, también abogó por la contratación de seguros que cubran la responsabilidad de estas comisiones y eviten que sus miembros tengan que responder con su patrimonio personal a las posibles reclamaciones, como establece la Ley.
http://www.elconfidencial.com/economia/noticia.asp?id=8544&edicion=05/02/2007
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