Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización dedicada a introducir en España trabajadores extranjeros irregulares dirigidos al sector de la construcción y que portaban cartas de identidad portuguesas falsificadas, informó la Policía. Los agentes determinaron que unos 1.000 obreros habrían trabajado para estas empresas en diversas ciudades españolas. La operación policial se saldó con 10 empresarios y 14 inmigrantes detenidos. Los inmigrantes son de origen ucraniano, guineano y brasileño y eran contratados a través de diferentes empresas radicadas en el país luso, que a su vez eran subcontratadas por otras mercantiles españolas para realizar diferentes trabajos en el ramo de la construcción. La Policía calcula que la organización ha introducido a cerca de un millar de trabajadores irregulares en obras de diversas ciudades españolas, por un salario de 5 euros a la hora.
En la operación policial fueron detenidas diez personas, entre las que se encuentran los titulares, gerentes y responsables de las empresas, implicados en los presuntos delitos de asociación ilícita, contra los derechos de los trabajadores y falsedad documental.
Asimismo, han sido arrestados catorce inmigrantes que se encontraban en situación irregular. Los policías que participaron en la operación contaron con la colaboración de los órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Según la Policía, las investigaciones se iniciaron en noviembre de 2005, tras un control de Extranjería en un hostal de Las Palmas de Gran Canaria. Los inspectores comprobaron que un número considerable de brasileños allí alojados eran portadores de "permisos de permanencia" de Portugal.
Los extranjeros alegaron que trabajaban en el ramo de la construcción y que habían sido contratados por una empresa portuguesa. Al no disponer de contrato o permiso laboral, los policías iniciaron las gestiones para esclarecer el motivo de la presencia en la Isla de estas personas.
Posteriormente, los investigadores localizaron varias obras en distintos puntos de la geografía español en la que trabajaban los inmigrantes, lo que puso al descubierto la existencia de la red delictiva. Los trabajadores portaban cartas de identidad portuguesas falsificadas para ser utilizadas por ciudadanos brasileños, con las que posteriormente pretendían conseguir la tarjeta comunitaria. Estas documentaciones eran obtenidas a través de distintos canales vinculados al grupo delictivo.
EMPRESAS RADICADAS EN PORTUGAL
Tal y como explica la Policía, las empresas portuguesas eran las encargadas de contratar en Portugal a ciudadanos extranjeros de Brasil, Ucrania y Angola. Después, los trasladaban a España y los empleaban en la construcción y reparación de inmuebles sin obtener previamente los preceptivos permisos de residencia y trabajo y sin que figuraran dados de alta en la Seguridad Social.
Los agentes españoles determinaron que unos 1.000 obreros habrían trabajado para estas empresas en diversas ciudades españolas, localizadas en Las Palmas, Oviedo, Vigo, Málaga y Segovia. Además, estas compañías carecían de domicilio social declarado en España y su actividad era realizada en domicilios particulares alquilados, que carecían de todo tipo de signos externos identificativos.
Según la Policía, los trabajadores extranjeros eran alojados en domicilios cercanos a las obras, que habían sido también alquilados por los gerentes de las empresas y, posteriormente, realquilados a grupos de entre cinco y diez individuos que corrían con todos los gastos. La comida era abonada también por los obreros.
El salario a percibir estaba fijado en nueve euros por hora, pero en realidad, la investigación constató que sólo cobraban 5 euros. Por su parte, los encargados recibían 7,5 euros. La red llevaba operando de esta forma cuatro años y su recaudación podría superar el millón de euros.
DETENIDOS
Las detenciones se han llevado a cabo en Asturias (13 detenidos, 11 de ellos por estancia irregular), Las Palmas de Gran Canaria (6), Galicia y Málaga. En esta última ciudad fue arrestado el principal responsable en España del grupo delictivo, el ciudadano portugués Rogelio A.M. A esta persona se le impuntan los presuntos delitos de asociación ilícita, contra los derechos de los trabajadores y falsificación documental.
En las distintas detenciones también se han practicado registros domiciliarios, inspecciones laborales en obras de construcción, además de intervenir numerosa documentación y material informático. Según la Policía, la investigación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas.
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