El Libro blanco sobre la pequeña y mediana empresa: 83 propuestas para un marco normativo

LA FUNDACIÓN CULTURAL BANESTO y LA FUNDACIÓN SAGARDOY,  en colaboración con CEIM, han elaborado “El Libro blanco sobre la pequeña y mediana empresa: 83 propuestas para un marco normativo”. El  acto  de  presentación  corrió  a  cargo  de los Presidentes de ambas Fundaciones, Ana Patricia Botín y Juan Antonio Sagardoy, así como del Vicepresidente de CEIM, Miguel Corsini.

Ana Patricia Botin se refirió en su intervención a la importancia de las pymes señalando que " En España, constituyen el 90% del total de las empresas, emplean al 79% de la fuerza laboral – ¡unos 10 millones de trabajadores!- y su valor añadido a la economía supera al de las grandes empresas" y destaco la necesidad de crear un entorno favorable para la puesta en marcha y el desarrollo de iniciativas empresariales " Cuando un emprendedor se tira a la piscina y asume el reto de crear una empresa, todos los intermediarios y autoridades deberíamos ponérselo lo más fácil posible".

En este sentido, la Presidente de la Fundacion Banesto, menciono algunas iniciativas orientadas a este fin y destaco el Fondo de Capital Riesgo Banesto Enisa Sepi Desarrollo F.C.R., dotado con 30 millones de euros, para impulsar la creacion de nuevas empresas.Tambien se refirio a los eventos divulgativos Banespyme para la introduccion de nuevas tecnologias y a las acciones de la Escuela Banespyme, entre las que se encuentra el patrocinio del Libro Blanco de la Pyme.

Por su parte, Juan Antonio Sagardoy declaró que “una de las seculares asignaturas pendientes en nuestra legislación ha sido el adecuar la norma a la realidad en el caso de las pymes. Las pymes que suponen un importantísimo factor de riqueza y competitividad en el tejido empresarial precisan de una legislación adecuada a sus características que son muy distintas a las que configuran lo que llamamos gran empresa. Normalmente, se ha legislado con un criterio uniforme para unas y para otras, y ello ha supuesto un desajuste evidente en la eficacia de la norma y en su valoración como motor de progreso. Por ello, entendimos necesario el hacer un análisis muy realista y muy concreto de cuáles serían los cambios normativos necesarios en el ámbito administrativo, fiscal, mercantil y laboral analizando cual  es la situación actual, las razones del cambio y el texto concreto que podría incorporarse a nuestro marco normativo. En ese sentido, creo que se ha logrado un buen trabajo y sería muy deseable que se le pudiera prestar atención desde las Instancias Gubernamentales para poder llegar a ese necesario cambio normativo que en lugar de frenar, impulse el desarrollo de las pymes”, concluyo el profesor Sagardoy.

Miguel Corsini declaró “El tejido empresarial de la Comunidad de Madrid está integrado en más de un 99,5% por empresas de reducida dimensión, esto motiva que en CEIM seamos especialmente sensibles con la problemática que presentan.Dos ideas presiden los dos bloques de propuestas de CEIM: en el caso de las fiscales, atenuar la carga fiscal de las empresas. En el caso de las administrativas, facilitar las relaciones con la Administración, tanto en el ámbito de la contratación como en el cumplimiento de los múltiples trámites u obligaciones que se exigen en el transcurso de la actividad empresarial”, añadíó.

El trabajo dirigido por la Fundación Sagardoy, coordinado por Luís Enrique de la Villa, Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Madrid, recoge por primera vez y de un modo pragmático, pero riguroso los posibles cambios normativos que, según los autores y CEIM (responsable de las propuestas fiscales y administrativas), deberían producirse para lograr un mejor y más eficaz funcionamiento de las Pymes, empresas que componen la mayoría del tejido empresarial madrileño y facilitar que éstas afronten el reto de la competitividad.

La Fundación Cultural Banesto ha decidido patrocinar esta publicación a través de la Escuela Banespyme, cuya misión es promover la creación de empleo en las pymes españolas, impulsando el espíritu emprendedor, el crecimiento empresarial y la adopción de nuevas tecnologías.

Resumen de Propuestas

PROPUESTA DE MEDIDAS FISCALES (Elaborada por CEIM)

En lo que respecta al régimen de derecho fiscal, las medidas propuestas defienden y apoyan las políticas orientadas a atenuar la carga fiscal de las empresas. Destacamos la ampliación del ámbito de aplicación del régimen especial de empresas de reducida dimensión del Impuesto sobre Sociedades, a aquéllas que tengan una cifra de negocio inferior a 15 millones de euros; el establecimiento de nuevas deducciones, como son por inversión en empresas de reducida dimensión y la mejora de algunas de las ya existentes, como la de I+D+i; reducir del 35% al 20% el tipo de retención de los miembros de los Consejos de Administración de las Pymes; establecer una deducción en el I.R.P.F. por gastos de formación del empresario individual y mejorar la actual deducción en el I.R.P.F. por las cantidades depositadas en una cuenta ahorro-empresa.

PROPUESTA DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS (Elaborada por CEIM)

En lo que respecta al régimen derecho administrativo, se propone la simplificación de trámites y procedimientos administrativos para empresas de reducido tamaño. Entre las propuestas destacamos la modificación del Texto Refundido de la Ley de contratos con las Administraciones Públicas en materia de garantías, de reducción de determinados plazos, de actualización de los importes máximos de los procedimientos simplificados de contratos y la simplificación del procedimiento para la acreditación de los requisitos exigidos para contratar con la Administración. También, como muy importante debemos resaltar las propuestas relacionadas con el fomento del uso de las nuevas tecnologías y la creación de un Consejo para la defensa de la Pyme.

PROPUESTA DE MEDIDAS MERCANTILES (Elaborada por Francisco Vicent Chuliá, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Valencia)

En lo que respecta al régimen de derecho mercantil, se propone la supresión de normas especiales sobre capacidad para ser comerciante, responsabilidad del comerciante casado en régimen de gananciales y establecer una dimensión mínima para el sometimiento al deber de contabilidad, así como un régimen especial para la microempresa familiar no constituida mediante contrato de sociedad.

En materia de Derecho de sociedades, se  postula, al menos, un régimen unificado de las sociedades personalistas y la simplificación del régimen de constitución de todas las sociedades.

En materia de Derecho de obligaciones, se propone una ley bien concebida de condiciones generales de la contratación y, como solución a la total unificación del derecho de obligaciones; regular la protección del distribuidor en exclusiva; e incorporar a la Ley Concursal nuevas medidas de acuerdo con los requisitos de la legislación estadounidense y alemana en el supuesto del empresa persona física no culpable.

PROPUESTA DE MEDIDAS LABORALES (Elaborada por Ignacio Garcia Ninet, Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Barcelona y  Jordi García Viña, Profesor Doctor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Barcelona)

En lo que respecta al régimen de derecho laboral, partiendo de que estamos en un país de microempresas, se propone la modificación del período de contrato en prácticas; la ampliación del período de prueba; la reducción proporcional del número máximo de horas extraordinarias; la reducción de los plazos en caso de traslado, modificación sustancial de las condiciones de trabajo, suspensión y despido colectivo a 7 días hábiles; se propone que en caso de despido colectivo por fuerza mayor, la totalidad de la indemnización la asumirá el Fondo de Garantía Salarial, la revisión de los criterios porcentuales del absentismo en la extinción del contrato de trabajo por causas objetivas, la reducción del plazo de preaviso en casos de extinción por causas objetivas, subir el umbral de 5 a 9 trabajadores en caso de utilización del art. 51 para el cierre de empresa, la rebaja en la aportación de la empresa al convenio especial regulado en el art. 51.15 ET, así como la modificación en relación a la extinción por jubilación forzosa del trabajador.

En relación a la Seguridad Social, se propone la reducción de la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes en un 75 % en el primer año, 50 % en el segundo y 25 % en el tercero, con la obligación de mantenimiento del contrato durante un período de cinco años; en caso contrario, devolución de las reducciones, salvo que se contrate a otro trabajador con las mismas circunstancias, así como la eliminación de las limitaciones de la contratación de familiares en los contratos de fomento de la contratación indefinida.

En materia de salud laboral, se propone la modificación del sistema de servicio de prevención asumido directamente por el empresario, la gratuidad de las revisiones médicas, así como la eliminación de la posibilidad de recolocación en otro puesto de trabajo de trabajadora embarazada para que pueda pasar directamente a la prestación de riesgo durante el embarazo.

En último lugar, en materia procesal, se propone reducir el depósito para recurrir determinadas sentencias.