La Policía desarticula una organizaciónque introducía en España a ucranianos, brasileños y guineanos con papeles falsos
La Policía ha detenido en Gran Canaria a seis personas, dentro de una operación con un total de veinticuatro arrestados en la que se desarticulado una organización que introducía en España a inmigrantes ucranianos, guineanos y brasileños con cartas de identidad portuguesas falsificadas para trabajar en la construcción.
Según informaron ayer la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, los trabajadores irregulares eran contratados a través de diferentes empresas de Portugal, que, a su vez, eran subcontratadas por otras mercantiles españolas para realizar diferentes trabajos en el ramo de la construcción.
Los operarios utilizados como mano de obra barata trabajaban en las ciudades de Vigo, Sevilla, Málaga, Oviedo y Segovia y en la isla de Gran Canaria.
En la operación policial han sido detenidas diez personas, entre las que se encuentran los titulares, gerentes y responsables de las empresas, implicados en los presuntos delitos de asociación ilícita, contra los derechos de los trabajadores y falsedad documental.
También han sido arrestados catorce inmigrantes que se encontraban en situación irregular. Las investigaciones se iniciaron en noviembre de 2005 por un control de extranjería en un hostal de Las Palmas de Gran Canaria, al detectarse que un número considerable de brasileños tenían “permisos de permanencia” de Portugal, documento que no es suficiente para trabajar en España.
Los extranjeros alegaron que trabajaban en la construcción y que habían sido contratados por una empresa portuguesa, pero no disponían de permiso laboral. Los investigadores localizaron varias obras en distintas provincias en las que trabajaban estos inmigrantes y pusieron al descubierto esta red, formada por ciudadanos portugueses y brasileños.
Las empresas portuguesas eran las encargadas de contratar en Portugal a ciudadanos extranjeros nacionales de Brasil, Ucrania y Angola, a los que trasladaban a España y empleaban en la construcción y reparación de inmuebles, sin obtener previamente los preceptivos permisos de residencia y trabajo y sin que figuraran dados de alta en la Seguridad Social, simulando que ya lo habían hecho en Portugal.
Las autoridades portuguesas notificaron que esas compañías sólo habían dado de alta a ocho trabajadores.
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