Los autores de un artículo publicado en la revista "Panorama Social", editado por la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), recalcan la necesidad de acometer reformas para garantizar la viabilidad del sistema, y una de ellas consistiría en retrasar la edad de jubilación a los 70 años.
El sistema contributivo de pensiones podría mostrar su primer déficit en el quinquenio comprendido entre 2011 y 2015 si no se hacen reformas que garanticen su viabilidad futura. No obstante, los saldos acumulados hasta entonces en el Fondo de Reserva de las pensiones, actualmente dotado con 40.000 millones de euros, permitirían cubrir dicho déficit entre siete y diez años a partir de esa fecha, es decir, hasta 2018 ó 2025. A partir de ese momento, el sistema de pensiones contributivas requeriría financiación del Estado.
Así los sostienen María Jesús Sáez, miembro de la Intervención General de la Seguridad Social, y el actual director de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, David Taguas, en un artículo publicado en la revista "Panorama Social", que edita la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas).
Para realizar este análisis, Sáez y Taguas -que firma el artículo desde su responsabilidad anterior como subdirector del servicio de Estudios del BBVA- parten de las últimas proyecciones demográficas, según las cuales hasta 2060 entrarán en España más de 14,5 millones de inmigrantes, lo que provocará un "profundo cambio socioeconómico" y una modificación de la pirámide de población.
De acuerdo con las previsiones de los autores de este artículo, el número de pensiones por ocupado podría duplicarse en cuatro décadas, pasando desde 0,44 prestaciones por trabajador a una proporción de 0,81 en 2059. Con este escenario, el gasto en pensiones contributivas también se duplicaría, desde el 7,7% en 2004 al 17,9% del PIB en 2059.
Retrasar la edad de jubilación
Por ello, Sáez y Taguas subrayan la necesidad de acometer reformas que garanticen la viabilidad del sistema a medio y largo plazo. En este sentido, señalan que si se ampliara a toda la vida laboral el periodo de cálculo de las pensiones (ahora es de 15 años), el primer año en que el sistema incurriría en déficit se retrasaría cuatro años y el Fondo de Reserva permitiría la financiación del sistema hasta 2026.
Sáez y Taguas apuntan que, aunque sería "adecuada", esta medida no resolvería el problema de la equidad de una manera correcta, pues el ajuste sólo incidiría en los nuevos jubilados del sistema. Además, si se tomaran en consideración carreras laborales completas, la pensión media de los nuevos perceptores se reduciría entre un 10% y un 30%.
Otra de las iniciativas que se baraja en este artículo es la de retrasar la edad de jubilación a los 70 años. Según los autores, si en 2007 se adoptara esta medida de forma generalizada y obligatoriamente, la aparición del primer déficit del sistema se retrasaría 17 años y los superávit acumulados hasta 2027, junto a los intereses, generarían un Fondo de Reserva de tal magnitud que el sistema estaría completamente financiado hasta 2046.
Para Sáez y Taguas, la reforma a aplicar en el sistema de pensiones debería ir en esta dirección, sin que ello implique necesariamente que se retrase la edad de jubilación en cinco años a partir de un momento dado. "Probablemente, esta medida se deba implementar gradualmente, aun cuando en este caso sus efectos serán menores que los descritos", subrayan.
Los autores reconocen que la puesta en marcha de éstas y otras medidas -como la introducción gradual de la capitalización individual- resultaría difícil dado su carácter "impopular" y su alto coste político. Por ello, sugieren la creación de una Oficina Presupuestaria del Congreso, independiente del poder ejecutivo, que asumiera la responsabilidad de evaluar la situación y perspectivas del sistema español de Seguridad Social y que extendiera entre los ciudadanos la opinión de que son necesarias reformas.
Desequilibrios financieros no sólo en España
En otro artículo sobre la situación de las pensiones, firmado por Javier Alonso, de la Universidad Carlos III y del Instituto de Estudios Fiscales, se advierte de que los sistemas públicos de pensiones mostrarán "desequilibrios financieros muy importantes" a mediados del siglo actual. Así, en muchos países, el gasto en pensiones podría exceder del 15% del PIB en dicha fecha, afectando esta situación a países como Bélgica (15,1%), Japón y Portugal (16,5%), Alemania (17,5%), Finlandia (17,7%), España (19,1%) e Italia (20,3%). Además, apunta Alonso, los déficit acumulados hasta 2070 podrían generar deudas de la Seguridad Social que en países como Francia, Portugal, España y Suecia podrían exceder del 100% del PIB.
En su opinión, el factor demográfico no es el único causante de los problemas financieros del sistema de pensiones. También lo es la falta de equilibrio entre cotizaciones y pensiones. En este sentido, Alonso calcula que entre los hombres afiliados al Régimen General que se jubilan a los 65 años el desequilibrio actuarial de las pensiones se sitúa en 29 puntos porcentuales de exceso de pensión, mientras que entre las mujeres alcanza los 52 puntos porcentuales.
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