La coincidencia o simplemente la legislación, tal y como está redactada, permitirá que el Gobierno dé papeles en 2007 a más inmigrantes que en la mayor regularización que ha habido en España, la de 2005, en la que se abrieron las puertas de la legalidad para 570.000 extranjeros.
Coincidencia por el hecho de que justamente este año rumanos y búlgaros hayan pasado a convertirse en ciudadanos europeos desde el 1 de enero. La Administración calcula que 190.000 rumanos y 37.000 búlgaros que en 2006 no disponían de la documentación necesaria para estar en España han pasado a convertirse automáticamente en residentes legales y les queda ahora la posibilidad de conseguir permisos de trabajo después de cumplir con unos confusos trámites que han suscitado todo tipo de críticas de los ciudadanos procedentes de estos países del Este. Total: 227.000 pasarán a lo largo de este año a tener toda la documentación necesaria para poder trabajar. Y es que la Administración estima que más de la mitad de los rumanos y búlgaros que se encontraban en España en 2006 estaban en situación irregular.
La legislación abre otros caminos para los que se quedaron fuera de la regularización de 2005. Es la hora del «arraigo», uno de los cauces hacia la legalidad que desarrolla el reglamento de la Ley de Extranjería.
El pasado 20 de diciembre, el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, ya dijo con claridad meridiana en el Congreso que este año daría papeles a todo inmigrante que certificase «arraigo» social. Es decir, a todos los que demuestren que están en España desde hace tres años, tengan un contrato, familia en el país o en su defecto presenten un informe del ayuntamiento de la localidad en la que residan que acredite su inserción social. La Asociación Profesional de Abogados de Extranjería de Madrid ya hizo una estimación: entre 400.000 y 600.000 podrían conseguir los papeles por esta vía. Con estos cálculos de los abogados y si sumamos los rumanos y búlgaros que con convertirse en europeos han conseguido un «atajo» hacia la legalidad, el año acabaría con más de 600.000 regularizaciones, frente a las 570.000 que hubo con la normalización que se puso en marcha hace dos años.
Ángeles Chinarro, portavoz de la Coordinadora de Abogados de Extranjería de Madrid, explicó que la mayor parte de las solicitudes de «arraigo» se producirán a partir del 8 de agosto. Entre otras cosas porque muchos de los inmigrantes que quedaron fuera de la normalización porque no cumplían el requisito para estar en España antes del 8 de agosto de 2004, este año cumplirán los tres años que exige la ley para acogerse a esta vía.
Ya lo decía la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, cuando presentó la normalización de 2005. Puso sobre aviso de que el que no pudiera beneficiarse de este proceso podría acogerse a otros procedimientos una vez concluida la normalización.
Cifras negativas
Quien se ha mostrado más pesimista sobre la situación que se creará en España en 2007 es la secretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, quien ha augurado un «efecto llamada II» después de que en agosto de 2001 se produjera el «efecto Caldera o llamada I», cuando el Gobierno anunció que preparaba una regularización de inmigrantes. Para Pastor, la gestión del Ejecutivo en materia de Extranjería acabó en 2006 con «más irregulares que nunca (1,5 millones), más muertos en patera que en ningún año (600 fallecidos y 5.000 desaparecidos) y más de 35.000 entradas irregulares en cayuco y de miles por los aeropuertos y por los Pirineos.
Mientras, rumanos y búlgaros empiezan a resolver sus trámites para conseguir el permiso de trabajo en el periodo transitorio que se abre en España para ello. Ha sido necesario que se editen folletos informativos que ofrecen preguntas y respuestas para aclarar su nueva situación. Especial interés en este asunto ha puesto la Comunidad de Madrid, ya que en esta autonomía tienen un peso importantísimo.
Según los datos de los que dispone la Oficina Regional para la Inmigración (OFRIM), en octubre de 2006, la población rumana empadronada en Marid representaba el 15,08 por ciento del total de la población foránea. Es decir, ocupaba el segundo lugar después del colectivo ecuatoriano (17,38%), seguida de la marroquí (8,51%). Las tres nacionalidades mayoritarias sumadas comprenden el 40,97 por ciento del total de la población extranjera empadronada en esta autonomía.
Además, ha crecido a un ritmo vertiginoso. Si comparamos los datos de empadronamiento a 1 de enero de 2006 con los de octubre del mismo año, se aprecia que la población de origen rumano ha aumentado en 42.393 personas en sólo diez meses, lo que en términos porcentuales significa un incremento del 41 por ciento.
En cuanto a la población de nacionalidad búlgara, se observa un aumento de 7.015 personas entre enero de 2006 y octubre del mismo año. Es decir los ciudadanos de estos países crecieron un 36,07 por ciento en tan sólo diez meses.
Lentitud administrativa
Las mayores dificultades administrativas en el régimen transitorio que se ha abierto para estos ciudadanos se encuentran en los largos plazos de espera para conseguir la documentación. La comisaría de General Pardiñas, que centraliza todo el proceso, está dando citas ya para julio. Se da la circunstancia de que el tiempo de tramitación de la tarjeta comunitaria (seis meses, cita y trámite en el comisaría general) y el permiso de trabajo (nueve meses cita y trámite en el área de trabajo de Madrid) suponen 15 meses de espera, lo que hace inviable el disfrute del periodo transitorio y el ejercicio de sus derechos como ciudadanos europeos.
Mientras, la Policía ha detectado un tránsito de rumanos y búlgaros similar al de meses anteriores por el paso habilitado de la Junquera. «Seguimos registrando del orden de 900 diarios, la única diferencia es que ahora, en lugar de venir en autobús, lo hacen en coche, y con toda la familia», explica el portavoz de la Confederación Española de Policía (CEP), Rodrigo Gavilán.
Lo que sí han aumentado son las detenciones de ciudadanos de estos países con orden de busca y captura. «Al convertirse en nuevos miembros de la UE, se han anulado los expedientes de expulsión por estancia irregular en España. Muchos creen que esta circunstancia también afecta a las infracciones penales por comisión de delitos y algunos que se habían marchado a su país porque en España estaban siendo buscados por la Justicia, vuelven ahora creyéndose impunes, y es en la Junquera donde son detenidos».
Cargando ...
Los comentarios están cerrados.