20 de septiembre de 2024
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La tragedia de los niños jornaleros en el estado mexicano de Sinaloa

La tragedia de los niños jornaleros en el estado mexicano de Sinaloa

Jorge tiene 10 años y trabaja de sol a sol, tres días a la semana y seis meses al año, recolectando chile, berenjenas y tomates en campos de Sinaloa, el estado de México con más jornaleros infantiles, alrededor de 14.000.

Según cálculos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Sinaloa, en el oeste del país, es también una de las regiones mexicanas que mayor número de jornaleros recibe de otros estados, como el pequeño Jorge, que es de Guerrero (sur).

Hace menos de tres semanas, en el campamento de Santa Lucía, situado en las afueras de Culiacán, la capital estatal, un niño de nueve años, David, murió arrollado por un tractor mientras araba la tierra.

Su padre, Cruz Salgado, asegura que éste es el último año que su familia va a trabajar allí.

El campesino, de 53 años, tiene otros tres hijos, de 16, 14 y 12 años, que siguen yendo cada mañana al campo, al igual que su esposa.

Pero, al contrario que su marido, Agustina es consciente de que tal vez deban continuar en Santa Lucía, pues asegura que "no hay trabajo" en el lugar del que proceden, Ayotzinapa, en Guerrero.

David aportaba 71 pesos diarios (6,5 dólares) a la economía familiar por una jornada de cinco y media de la mañana a cuatro y media de la tarde, un dinero que resultaba fundamental para el sustento de los Salgado, explicó Cruz.

Por ello, muchos opinan que, ya que estos niños trabajan, su situación se debería regularizar.

Para la representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unicef) en el Programa de Protección a la Infancia Theresa Kilbane, de nacionalidad estadounidense, esa opción está lejos de ser la solución.

"Los niños jornaleros tienen los mismos derechos que el resto de niños. Decir que ellos tienen que trabajar por su condición económica, no, de ninguna manera", afirmó Kilbane, encargada de un proyecto de asistencia en la zona.

Para su compañera María Méndez, española, "si se regula (el trabajo infantil), se lo reconoce, y eso es un error".

En Santa Lucía hay 114 familias provenientes en su mayoría de los estados de Guerrero, Oaxaca (sur) y Veracruz (Golfo de México). Suponen 280 jornaleros, de los cuales unos 50 son niños de entre siete y 14 años, explicó la trabajadora social Margarita Hernández.

En la guardería del campamento hay cerca de 200 menores de entre tres meses y diez años de edad, pero eso no garantiza que reciban educación y no trabajen.

Los mayores acuden a la guardería sólo dos días a la semana y los otros cinco días van al campo, como sus padres, quienes estarán allí durante seis meses aproximadamente y después regresarán a sus pueblos, hasta el año siguiente.

Cuando vuelvan, vivirán de nuevo en unas barracas de apenas diez metros cuadrados, sin agua potable y con improvisadas calles sin asfaltar que se convierten en lodazales cuando llueve.

En general carecen de seguro médico, aunque casi todos los campamentos cuentan con un doctor privado que los atiende.

Para un homónimo del niño Jorge que es propietario de una empresa agrícola, el fenómeno es inevitable porque es una cuestión cultural y muchas veces responde al deseo de los padres, que ponen como condición para aceptar el empleo que contraten también a sus hijos.

Sin embargo, no todos piensan como él. Juan José Ley, propietario de otro terreno de cultivo, ha creado una escuela de primaria, dos guarderías y hogares en buenas condiciones.

"Es una inversión: cuanto más ofrezcas a tus trabajadores más te retribuirá a la hora de la verdad", aseguró.

El Campo Batán se encuentra asfaltado, limpio y es un ejemplo del proyecto que asociaciones como Unicef, el Consejo Nacional para el fomento educativo (Conafe) y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) llevan a cabo para mejorar su situación.

Uno de los proyectos más ambiciosos del gobierno de Sinaloa es el "aula de inteligencia", donde tres especialistas (profesores y psicólogos) se encargan de un grupo pequeño de alumnos de todas las edades, según la funcionaria estatal Patricia Insonsa.

"Son niños que debido a su migración nunca pasan de curso, pero que por su experiencia vivida tienen muchos más conocimientos", explicó Insonsa, quien añadió que "dándoles una atención y completando su educación, en tres meses el niño se puede reincorporar al curso que realmente le correspondía".

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