Los Mossos d'Esquadra han detenido a un empresario pakistaní, y han imputado también a su esposa, por haber empleado sin contrato y sin darles de alta en la Seguridad Social a los dos trabajadores que el pasado lunes murieron al caer de un andamio en un edificio en obras de la calle Bac de Roda de Barcelona.
Según ha informado la policía autonómica, al matrimonio de pakistaníes, cuya empresa había sido subcontratada por Sacyr Vallehermoso, se les imputa un delito contra los derechos de los trabajadores y dos de homicidio imprudente.
Los agentes detuvieron ayer al empresario pakistaní, Shahzad A., de 30 años y vecino de Badalona, y tomaron declaración a su esposa, Memona Z., de 24 y de Gran Bretaña, que quedó en libertad aunque se le imputan los mismos cargos que a su marido, quien mañana pasará a disposición judicial.
La investigación que ha conducido a la detención del matrimonio se inició a raíz del accidente laboral del pasado lunes, en el que fallecieron dos trabajadores de nacionalidad pakistaní al caer, desde una altura de cinco pisos, de un andamio eléctrico que se descolgó de ambos lados.
Los Mossos d'Esquadra averiguaron que los obreros fallecidos habían sido empleados, sin contrato y sin ser dados de alta a la Seguridad Social, por la empresa perteneciente al matrimonio pakistaní, que a su vez había sido subrogada para realizar las obras por la constructora Sacyr Vallehermoso.
Algunos de los empleados de esa empresa subcontratada explicaron a la policía autonómica que cobraban 40 euros semanales por trabajar doce horas diarias de lunes a viernes y que, si sufrían algún tipo de accidente en la obra, no tenían derecho a percibir subsidio alguno.
Aunque la empresa que empleó a los fallecidos estaba a nombre de Memona Z., era su marido el que gestionaba la contratación de los trabajadores, motivo por el que ha sido detenido.
Fuentes próximas al caso han explicado a Efe que los empleados fallecidos incumplían numerosas medidas de seguridad, ya que no llevaban arnés y el cable de seguridad que los sujetaba contaba con un dispositivo metálico que permitía desabrocharlo a voluntad.
Una vez los imputados queden a disposición judicial, será el juez instructor el encargado de determinar el grado de responsabilidad de las empresas que realizaban la obra en la muerte de los dos trabajadores.
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