El miembro de la Junta Directiva de Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT) Santiago Soler pidió hoy en el Congreso de los Diputados que la futura Ley de Contratos del Sector Público posibilite la externalización de mano de obra a través de la empresa de trabajo temporal y que contemple los principios del derecho europeo de "no discriminación y libre competencia".
En su intervención en la Comisión de Administraciones Públicas, Soler recordó que "uno de los problemas en la administración pública es la elevada temporalidad, y en la práctica, se traduce en una externalización de servicios". En este sentido, opinó que "si la filosofía de la ley tiene que ver con relaciones con terceros", la externalización debe hacerse "con la máxima garantía jurídica".
Según subrayó, la legislación -el Estatuto de Trabajadores-, recoge que "la cesión legal de trabajadores en España sólo se puede hacer mediante ETT's" y a su juicio, se pueden producir "situaciones ilegales y la ausencia de garantías con respecto a las condiciones laborales".
Por ello, hizo hincapié en la necesidad de que el proyecto de Ley de contratos públicos considere a las ETT's "empresas de servicios y libertad de actuación" y reclamó que, si se están externalizando procesos y mano de obra, "se cumpla la ley y haya garantías de legalidad".
"Las necesidades de cubrir puestos en las Administraciones Públicas están bien contemplados en la ley pero a eso le surgen eventualidades", dijo, por lo que justificó así su empeño en que las ETT's participen "en esos procesos".
PRINCIPIOS DE LA UE
Por otro lado, recordó, en cuanto a la actividad de su sector, que los expertos creen que "hay que dar espacio a las empresas de trabajo temporal ya que puede ser un canalizador para ordenar este tipo de contratación", algo que según aseguró "recomienda la UE y el informe que el Ministerio de Trabajo elaboró para la Mesa de Diálogo Social".
En cuanto a la situación de las ETT's, señaló que han experimentado "una realidad que ha tenido traslación práctica en la reforma laboral, en donde se ha empezado a quitar una serie de restricciones".
Al respecto, opinó que los principios comunitarios en los que se basan las ETT's en la UE "son los mismos que se recogen en la ley, como la libre prestación de servicios, la no discriminación, la competencia efectiva y la transparencia, todo ello trasladado a empresas de servicios".
En concreto, advirtió de que "el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoce técnicamente que las empresas de trabajo temporal son las que amparan la Ley de contratos del Estado", y en este sentido, recalcó que en el marco de esta norma, "sólo quiere que se reconozca esa posibilidad y que después sea la administración pública la que decida si contratar o no".
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