31 de octubre de 2024
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El secretario general de la AUGC en Baleares se acoge a su derecho a no declarar sobre la concentración de Madrid

El secretario general de la AUGC en Baleares se acoge a su derecho a no declarar sobre la concentración de Madrid

El secretario general de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Baleares (AUGC), Ángel Morales Ledesma, se acogió ayer al derecho constitucional a no declarar, durante la comparecencia que efectuó en la Comandancia de la Guardia Civil de Baleares como consecuencia del expediente abierto tras su participación en la concentración de agentes del Instituto Armado que tuvo lugar el pasado 20 de enero en Madrid.

En declaraciones a los medios de comunicación, Morales explicó que al inicio de la comparecencia solicitó al instructor que no se efectuase la toma de declaración, algo que el mismo instructor no consideró conveniente, lo que, según Morales, le hizo tomar la determinación de acogerse a su derecho a no declarar.

En este sentido, el secretario general de la AUGC en Baleares apuntó que desconoce las causas exactas que se le imputan y aseguró que sólo le han dado a conocer que permanece encausado por una falta muy grave recogida en el artículo 9.9 del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil. Morales subrayó que ahora será el instructor quien decida, en un periodo de tiempo que no supo determinar, la decisión sobre el futuro del expediente abierto.

Morales aseguró que a lo largo de estos días ha recibido el apoyo de numerosos compañeros y de sindicatos de trabajadores, aunque apuntó que ningún mando le ha transmitido su apoyo lo que, según puntualizó, denota la división que existe entre los mandos y los agentes de la Guardia Civil. "El Gobierno cambió sus declaraciones acerca de la concentración cuando el Ministro de Defensa, José Antonio Alonso, se reunió con los mandos del Ejército y de la Guardia Civil a nivel general" afirmó Morales.

EL secretario de la AUGC en Baleares está cesado en funciones por un periodo de 90 días y se enfrenta a una falta muy grave por actos contrarios a la disciplina, lo que podría conllevar una suspensión de empleo y sueldo por un periodo de entre un mes y un año, un descenso en el rango que ostenta e incluso su expulsión del cuerpo.

Por otra parte, el secretario general de la AUGC, Joan Miquel Perpinyà, acudió a los alrededores de las dependencias de la Comandancia del Instituto Armado para mostrar su apoyo a Morales y anunció que la asociación presentará el próximo uno de marzo en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y acompañada por varias "asociaciones amigas" una escenificación de la firma de un manifiesto para exigir al Ejecutivo Central que archive los 20 expedientes a agentes de la Guardia Civil que están actualmente abiertos por esta causa. "Con esto pretendemos lanzar un mensaje al Gobierno para decirle que no estamos sólos" sentenció.

CRÍTICAS A MESQUIDA

Asimismo, Perpinyà acusó al director general de la Policía y de la Guardia Civil, Joan Mesquida, de llevar a cabo "una política decepcionante" y de dedicar "pocas horas" al cuerpo, al tiempo que aseguró que el director general se encuentra "desbordado por la actualidad".

"Un signo distintivo de lo que parecía que iba a ser su gestión y que era el diálogo, no lo vemos mucho. Será el diálogo a través de los instructores y de las amenazas de expulsión a los miembros que se atreven a cuestionar la política del PSOE al frente de la Guardia Civil" aseveró el secretario general. El líder de la agrupación matizó que "sería interesante ver porqué han parado en 20 expedientes y no han seguido hasta 200".

En esta línea, Perpinyà aseguró que se ha cogido "a 20 cabezas de turco" con el objetivo, a su juicio, de acallar las demandas y recordó que 33 días después de la manifestación que tuvo lugar en Madrid, la Ley de Régimen Disciplinario no ha entrado en el Parlamento y no ha sido aprobada en el Consejo de Ministros la Ley de Derechos y Deberes de los Guardias Civiles.

Asimismo, acusó a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, de confundir "chantaje con denuncia de incumplimientos electorales e insubordinación con ejercicio del derecho a la libertad de expresión". "Todo el mundo ha visto que no hemos cometido ningún chantaje" manifestó.

Actualmente existen 20 expedientes abiertos, de los que ocho pertenecen a miembros de la junta directiva nacional de AUGC y 12 a los secretarios generales provinciales de Madrid, Baleares, Córdoba, Cádiz, Málaga, Burgos, Alicante, Ceuta, Zaragoza, Teruel, Albacete y Murcia.

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