La Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Senado aprobó ayer una modificación del Estatuto de los Trabajadores por la que se amplía el permiso de maternidad en los casos de parto prematuro y cuando, por cualquier otra causa, el recién nacido deba permanecer hospitalizado a continuación del parto.
La citada Comisión dio luz verde al informe de la Ley de Igualdad, con el respaldo de todos los grupos, salvo el PP que votó en contra de parte del articulado. El texto irá el próximo miércoles al pleno de la Cámara Alta para su ratificación.
PARTOS PREMATUROS.
La ampliación del permiso de maternidad por hijos prematuros contó con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, salvo el PSOE (grupo que no cuenta con mayoría en el Senado), que se abstuvo. Los socialistas entienden que esta medida no contempla al conjunto de los trabajadores (quedarían fuera los autónomos, funcionarios judiciales y cuerpos policiales) y tiene un coste económico que no ha sido calculado por el Gobierno.
Según informó la senadora María Antonia Martínez (PSOE), su grupo parlamentario tratará de acercar posturas con el resto de formaciones entre el lunes y el próximo miércoles, cuando se producirá el debate en el pleno de la Cámara.
Esta enmienda fue propuesta por los grupos de CiU y los progresistas catalanes de la Entesa y ampliaría el permiso de maternidad hasta un máximo de trece semanas, para favorecer la lactancia materna y el contacto con el recién nacido.
Según datos recabados por estas formaciones catalanas, cada año nacen cerca de 10.000 niños prematuros. El PSOE, sin embargo, estima que esta cifra se eleva a los 50.000 y no le salen las cuentas: "tenemos que mantener el equilibrio económico de la Seguridad Social", destacó la senadora socialista a los medios de comunicación.
La senadora Martínez recordó que la Ley de Igualdad contó con un presupuesto inicial de 400 millones de euros cuando entró en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, el Ejecutivo "ha perdido la cuenta" del coste, tras las diferentes prestaciones incorporadas durante el trámite parlamentario.
LEY DE IGUALDAD.
Por otra parte, el texto de la ponencia, contó con algunas novedades como una reorganización de la planta judicial y la creación de 27 nuevos juzgados exclusivos de violencia de género. Además, se agrupan partidos judiciales en esta materia, con el fin de potenciar la especialización de los jueces, con dotación y equipos adecuados para mejorar la atención de la víctima.
Los juzgados se pondrán en marcha en Almería, Jerez de la Frontera (Cádiz), Huelva, Jaén, Marbella (Málaga), San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas de Gran Canaria), Arona (Santa Cruz de Tenerife), Badalona, Gavá, Granollers, Mataró, Sabadell, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa (estos últimos ocho en la provincia de Barcelona), Girona, Tarragona, Benidorm, Elche, Orihuela (Alicante), Alzira, Paterna, Torrent (Valencia), A Coruña, Alcalá de Henares, Getafe, Móstoles (Madrid) y Cartagena (Murcia).
Además se ha introducido una enmienda para la "participación equilibrada de mujeres y hombres" como criterio general de actuación de todos los poderes públicos, además de ampliarse los supuestos de paternidad y riesgo durante la lactancia y bonificaciones de las cuotas de Seguridad Social para trabajadores por cuenta propia, autónomos o sustituidos con contratos de interinidad. También se amplían las bonificaciones a todos los regímenes de autónomos, incluidos el agrario o del mar.
TEMAS ABIERTOS.
Hasta el próximo miércoles los grupos tienen varios temas abiertos como la duración del permiso de paternidad (actualmente establecido en trece días). Sobre este tema hay varias propuestas: ampliar el permiso a las tres semanas durante los dos próximos años, reducir el plazo de ocho a seis semanas para la entrada en vigor del permiso de un mes, o la aprobación de un permiso de cuatro semanas de manera inmediata.
El PSOE tratará igualmente de modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el fin de que las víctimas de violencia doméstica y de género estén obligadas a declarar contra su pareja, una vez que hayan formulado denuncia. Esta propuesta está bloqueada por la postura en contra del PP y CiU.
Actualmente, la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispensa de la obligación de declarar a los padres e hijos del procesado, a su cónyuge, así como a sus hermanos. Además, el juez instructor les advertirá de que no tienen obligación de declarar en contra del procesado.
Por su parte, el PP mantiene su rechazo a aspectos como la paridad en las listas electorales y la obligatoriedad de negociar planes de igualdad en las empresas. Además, reclaman la inclusión de medidas de conciliación, como flexibilización de jornadas, ampliación del permiso de lactancia, bolsas de horas para el cuidado de los hijos o la creación de bonos-guardería.
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