24 de noviembre de 2024
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El Gobierno prepara un decreto para impulsar el teletrabajo en la administración pública

El Gobierno prepara un decreto para impulsar el teletrabajo en la administración pública
El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, anunció ayer que próximamente remitirá al Consejo Económico y Social (CES) un decreto para regular el teletrabajo en la administración pública, con el objetivo de contribuir a la conciliación de la vida laboral y familiar.

Sevilla, que inauguró unas jornadas organizadas por UGT para analizar el contenido del Estatuto Básico de la Función Pública, explicó que este decreto se está negociando con los sindicatos en el marco del diálogo social y que "en breve" llegará a manos del CES.

El Ministerio de Administraciones Públicas ya ha puesto en marcha experiencias piloto sobre teletrabajo para estudiar de qué manera y qué resultados ofrece el 'trabajo desde casa'. Un total de 70 personas participan actualmente en este experimento, más del 60% mujeres y la mayoría con hijos.

A la vista de los buenos resultados que está ofreciendo este programa piloto, el Gobierno, dentro de un paquete de medidas que persiguen ayudar a la conciliación de la vida laboral y familiar, se ha decidido a elaborar un decreto que abre la puerta al teletrabajo en la Administración, una posibilidad que prohibe el actual reglamento de horarios, donde se exige el trabajo presencial.

En cualquier caso, la decisión de 'trabajar desde casa' será voluntaria y aún está por ver en qué puestos se podrá recurrir al teletrabajo, pues no todos los puestos se ajustan a esta forma de organizar el trabajo (por ejemplo, la asistencia en ventanilla).

Fuentes del Ministerio explicaron que probablemente se decida implantar un sistema mixto, es decir, un modelo que combine el trabajo a distancia con la asistencia al puesto de trabajo.

EL ESTATUTO, EN VERANO.

Durante su intervención, en la que estuvo acompañado por el secretario general de UGT, Cándido Méndez, y por el presidente del CES, Marcos Peña, el ministro de Administraciones Públicas aseguró que el Estatuto Básico de la Función Pública entrará en vigor "antes del verano", una vez superado el trámite parlamentario.

Sevilla recordó que esta ley, que regulará las condiciones laborales y las obligaciones de 2,5 millones de empleados públicos, ha contado con el apoyo de los tres sindicatos mayoritarios en la Función Pública (CC.OO., UGT y CSI-CSIF), además de haber recibido el respaldo de todos los Grupos Parlamentarios, excepto uno (el PP). "Si algún día vuelve al Gobierno, no tengáis ninguna duda de que gobernará con este Estatuto", proclamó Sevilla ante el auditorio.

El ministro resaltó que, entre otras medidas, el Estatuto reconoce el derecho de los empleados públicos a la negociación colectiva, y prioriza la promoción interna y la reducción de la temporalidad. Asimismo, la norma pretende establecer mecanismos que permitan evaluar el desempeño de los funcionarios, asunto que el Gobierno quiere desarrollar con los sindicatos este mismo año.

Sevilla lamentó que cosas tan relevantes como este Estatuto se estén viendo "oscurecidas" por "mucha gente interesada" en hablar de otros temas. "Vivimos tiempos de incertidumbre y de prueba para los democrátas. Vivimos tiempos en los que hace falta firmeza en nuestras convicciones, en los que hace más falta que nunca apego y defensa de la verdad y no parecerse al adversario. España va hoy mejor que cuando iba bien", subrayó el ministro.

MÉNDEZ ALABA EL ESTATUTO.

Por su parte, el secretario general de UGT aseguró que el Estatuto de la Función Pública va a ser una herramienta jurídica y legal que transformará y modernizará de forma decisiva las Administraciones Públicas.

A partir de su promulgación, dijo, el derecho a la negociación colectiva en la Función Pública "no dependerá del cariz, del humor o del talante de un gobierno", sino que será un derecho exigible y reclamable.

El presidente del CES, Marcos Peña, también pronunció unas breves palabras para defender "la cosa pública", unas condiciones laborales dignas para los empleados públicos y el diálogo social, tres factores que, en su opinión, están entrelazados.

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