Distintas organizaciones internacionacionales han denunciado la existencia de explotación en fábricas y talleres clandestinos en Argentina de trabajadores ilegales provenientes de Bolivia, empleados especialmente en la confección de ropa.
Según datos recogido por 'IPS News', en el barrio argentino de Parque de Avellaneda existen al menos 40 pequeñas fábricas de costura, "ocultas en presuntas residencias particulares", donde inmigrantes bolivianos confeccionan vestimenta para diferentes marcas de ropa.
Uno de estos trabajadores es José Orellana, un boliviano que logró escapar con su familia de una fábrica textil clandestina en Buenos Aires. Según 'IPS', Orellana trabajaba para Juan Carlos Salazar -también boliviano- por unos 1.500 pesos al mes -apenas 300 euros-, sin embargo, Salazar no le pagaba todo su sueldo hasta final del año "para que no lo gastara", denuncia Orellana.
Salazar le pagaba unos seis euros "como anticipo". La alimentación prevista en el contrato era sólo para los empleados. Así, "para que comieran los niños teníamos que quedarnos sin comer nosotros", señala Orellana.
Según consta en los hospitales públicos de la región, en la zona hay muchos extranjeros sin documentos que deben ser internados por tuberculosis, debido al polvo que aspiran dentro de los talleres o en las habitaciones donde funcionan día y noche las máquinas de confección.
La defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Pierini, explicó a 'IPS' que "en la actualidad se están investigando varios casos", y que se ha interpuesto una denuncia contra este empresario, Carlos Salazar, por tráfico ilegal de personas y violación de la legislación laboral.
FALTA DE VOLUNTAD
Según Pierini, "no nos interesa tanto desvelar un caso particular, sino descubrir cómo opera todo el sistema de economía ilegal que esclaviza a tantas personas".
Pierini estima que en la actualidad existen unas 150.000 personas sometidas a esta nueva forma de esclavitud en Argentina. Además de los que funcionan en Buenos Aires, hay talleres en localidades de las afueras de la capital como Avellaneda, Lomas de Zamora, Lanús y Laferrere.
Según sus datos, la mayoría de los damnificados son bolivianos traídos desde su país sin los papeles requeridos por la oficina de migraciones, pero también hay peruanos, paraguayos y argentinos. "Argentinos y paraguayos se dedican más al calzado, pero con la ropa es más grave porque son familias enteras sometidas al trabajo ilegal", señaló Pierini.
Pierini señala que en cierta manera "existe falta de voluntad política para erradicar esta forma de explotación", pero sobre todo, "se necesita seguir investigando sin hipótesis", señaló.
Por su parte el responsable de la Oficina de Asistencia Integral a Víctimas de Delitos del Ministerio Público, Eugenio Freixas, señaló que "hasta ahora no se habían comprobado hechos de explotación laboral como en el caso de Orellana".
En Argentina no existe una ley que tipifique la trata de personas como lo establecen la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional y sus tres protocolos complementarios –para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños–, ratificado por Argentina en 2002, por lo que recientemente Freixas presentó al Parlamento un proyecto con este objetivo.
Cargando ...
Los comentarios están cerrados.