Todos los eurodiputados españoles de los diferentes grupos políticos del Parlamento Europeo se han unido para exigir a las instituciones comunitarias que impidan el cierre de la fábrica que la empresa norteamericana Delphi tiene en Puerto Real (Cádiz) que cuenta con una plantilla de 1.600 trabajadores. Además, se han comprometido a respaldar al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero si decide conceder ayudas públicas para reflotar la actividad industrial de la factoría.
La decisión de aunar esfuerzos para evitar el cierre de Delphi se tomó hoy en Bruselas durante la reunión mantenida con los alcaldes de Cádiz, Puerto Real, El Puerto de Santa María, Jerez de la Frontera, Chiclana de la Frontera y Rota, que viajaron hasta la capital comunitaria junto a una representación del comité de empresa de Delphi y de las mujeres de los trabajadores. Tras su encuentro con los eurodiputados españoles, el colectivo afectado por el cierre expondría sus reivindicaciones al comisario de Empleo y Asuntos Sociales del Ejecutivo comunitario, Vladimir Spidla.
El alcalde de Puerto Real, José Antonio Barroso, pidió a los parlamentarios y al Gobierno hacer todo lo posible para la continuidad de la actividad industrial "aun cuando contraviniese la normativa comunitaria", dada la "dramática situación" que vive la bahía de Cádiz y la "dramática situación" que atraviesa el sector de la automoción en Andalucía, donde Delphi supone, dijo, más del 50% de la renta industrial ligada a la automoción de la comunidad autónoma andaluza "Dada la importancia de esa actividad, cualquier actuación que implicase un compromiso tanto del Gobierno de Andalucía como del Gobierno de España para hacer posible la continuidad de la fábrica, aun cuando contraviniese la normativa comunitaria, debe ser apoyada por los eurodiputados españoles en el Parlamento Europeo porque, a situaciones dramáticas solamente se pueden aplicar soluciones de gran calado, estructurales", declaró en rueda de prensa el alcalde de Puerto Real acompañado por la delegación gaditana y varios eurodiputados españoles.
Barroso reclamó también unidad para responder a lo que calificó de "tropelía" y "genocidio industrial" y aseguró que no se contemplaba ningún escenario alternativo que no sea el de mantener la fábrica abierta. "Para nosotros la única legalidad es el plan industrial vigente", recordó, en alusión al diseñado por Delphi comprometiéndose a mantener la actividad en la bahía de Cádiz hasta 2010.
En este sentido, descartó hablar de Fondo Europeo de Globalización, un instrumento financiero dotado con 500 millones de euros puesto en marcha por la Unión Europea para hacer frente a los efectos provocados por las deslocalizaciones. "No entendednos una Europa donde se están desmantelando estructuras productivas en una zona y yéndose a otras simplemente por argucia legal e ingeniería financiera de dudosa solvencia como la que ha puesto en práctica Delphi", denunció el alcalde.
También reclamó una intervención pública y apeló al "proteccionismo". "Sin el proyecto industrial en Europa no hay proyecto social europeo. La UE no sirve para nada si no protegemos nuestras fronteras, si no favorecemos el proteccionismo y la intervención pública en la economía", continuó el edil gaditano. "Esto se ha convertido se un conflicto patriótico, porque no nos pueden tratar así los yanquis", resumió.
La alcaldesa de Cádiz, la popular Teófila Martínez, subrayó que han viajado hasta Bruselas para pedir "contundencia" y confesó no entender por qué la UE concede fondos para lograr la convergencia económica y permite luego que esos mismos recursos se utilicen para deslocalizar a una empresa dentro del mismo territorio europeo.
"No lo entendemos, porque, para eso, ¿por qué nos aportan esos recursos?", se preguntó Martínez. Además, y en relación con la adopción de medidas supuestamente contrarias a la legislación comunitaria, recordó al hilo de la actual trifulca por la OPA de E.ON sobre Endesa, que "a pesar de las amenazas las cosas se hacen".
El eurodiputado del PP Salvador Garriga dejó también claro que si las soluciones tienen que pasar porque existan más ayudas públicas, el Gobierno español "estará apoyado por todos los grupos políticos de esta Cámara para solicitarlo delante de las instituciones correspondientes".
Tras garantizar que no habrá "ninguna bandera política" sino la defensa de una comunidad de derecho en el caso Delphi pidió la implicación de todas las administraciones y sobre todo del Gobierno que es quien tiene, dijo, que "jugar en Bruselas la parte más importante de esta partida" exigiendo una normativa comunitaria en materia de deslocalizaciones.
VIA PENAL El eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer, adelantó que al comisario de Empleo se le pedirá adoptar "acciones enérgicas" para evitar "actos de piratería" como el de Delphi y remachó que, al tratarse de una empresa que ha recibido ayudas públicas, cabe incluso actuar por la "vía penal".
También dejó claro que es el debate de fondo es si la UE puede permitir que si la empresa se va a otro país europeo reciba allí ayudas como las que ya ha tenido en España. Delphi ha recibido desde 1986 más de 60 millones de euros en calidad de subvenciones, según datos de la Junta. Asimismo, Meyer, suscribió "íntegramente" la declaración hecha por los alcaldes, incluso si el Gobierno español pide a la CE medidas que "rayen" con la legalidad de las directivas europeas en materia de protección industrial.
La socialista Francisca Pleguezuelos puso de relieve que con las iniciativas adoptadas ahora de manera conjunta por todos los grupos políticos no se trata sólo de "no tirar la toalla" sino de respaldar la propuesta del Gobierno para sacar adelante un plan de reindustrialización complementario. De igual forma, garantizó que si el Ejecutivo central o autonómico pide ayudas para el mencionado plan industrial contará evidentemente con el apoyo de su grupo. "Ayudas públicas, sin ninguna duda", afirmó Pleguezuelos.
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