Un funcionario del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), que ha sido expedientado y suspendido de empleo y sueldo, logró estafar durante dos años alrededor de unos 250.000 euros a una veintena de personas tuteladas en un centro de Huesca, en su mayoría ancianos y con alguna discapacidad.
Según informaron a EFE fuentes judiciales, el funcionario, cuya actuación fue denunciada ante la Fiscalía, se valía del control que ejercía sobre los bienes de las personas que tutelaba para desviar fondos a cuentas propias o de terceras personas.
Estas personas, debido a su estado mental, a una enfermedad, a la edad avanzada o a algún tipo de discapacidad, carecían de las facultades psíquicas necesarias para valerse por sí mismas así como de familiares que pudieran tenerlos a su cargo.
Los hechos fueron puestos hace un mes en conocimiento del fiscal, que, a tenor de la documentación aportada por los responsables del IASS, presentó denuncia contra el funcionario ante el Juzgado de Primera Instrucción número 3 por un presunto delito de malversación en concurso con otro de falsedad de documentos públicos.
El procedimiento empleado por el presunto defraudador consistía en elevar a su superior jerárquico solicitudes de transferencias de dinero de las cuentas de las personas bajo su tutela para el pago de distintos servicios que éstas recibían, como atención odontológica.
Posteriormente, falsificaba la firma del jefe de servicio en la orden de transferencia para conseguir que las distintas cantidades provistas, que apenas superaban los mil euros en algunas ocasiones, fueran dirigidas a las cuentas que tenía preparadas para este fin.
Mediante este sistema, que tardó unos dos años en ser detectado por el IASS, el funcionario, de 50 años, se apropió presuntamente de unos 250.000 euros, cantidad que podría elevarse cuando se avance en las investigaciones.
Al parecer, lo insólito y sorprendente de algunas de las operaciones realizadas por el funcionario levantó las sospechas de los responsables del servicio, que no tardaron en hallar indicios del supuesto fraude.
El trabajador declaró como imputado hace unas semanas ante el titular del juzgado que investiga el caso, quien ordenó la puesta en libertad con cargos de presunta malversación y falsedad documental.
Las medidas cautelares instadas por la Fiscalía le obligan a personarse diariamente en la comisaría más próxima y a no salir del país y establecen el aseguramiento de sus bienes ante las posibles indemnizaciones.
Las fuentes explicaron que a la causa penal abierta contra el funcionario, que podría ser vista por un jurado popular en el caso de contemplarse sólo un presunto delito de malversación, se sumará la reclamación por vía civil de las cantidades defraudadas.
El IASS podría ser considerado en la causa como responsable civil subsidiario de los hechos, ya que la presunta defraudación de estos fondos, considerados como públicos, es imputada a un empleado público bajo su jurisdicción.
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