Las autoridades del trabajo cubanas ultiman los preparativos para la aplicación de un nuevo reglamento a partir del próximo 1 de abril, dirigido a "restablecer el orden y la disciplina y lograr una mayor eficiencia" en los deberes laborales, informa hoy el semanario local "Tribuna de La Habana".
La preparación previa a la puesta en vigor de la normativa ha requerido de "un proceso fuerte de divulgación de los directivos de los organismos y de las entidades de los gobierno locales" a través de seminarios, reuniones de capacitación y "mucha comunicación con los trabajadores, explicó a la publicación local la directora de Trabajo y Seguridad Social en La Habana, Odalys González López.
Respecto a la aplicación de las nuevas reglamentaciones laborales, la funcionaria consideró que "lo más significativo es el fortalecimiento de la educación de los trabajadores y el enfrentamiento a indisciplinas e ilegalidades", a partir de una correcta utilización del tiempo laboral y de una adecuada determinación de los horarios para atender diferentes trámites.
Indicó que en la mayoría de los centros el horario de trabajo será de ocho horas diarias, equivalentes a 44 semanales y a 190,2 por mes.
López dijo que aún quedan por solucionar la alimentación de unos 9.000 trabajadores, según los horarios de trabajo, y aspectos relacionados con el transporte.
Respecto a la participación de las administraciones en la aplicación de las resoluciones señaló que "para que no sean letra muerta, debe prevalecer el rigor" porque "están en la obligación de elevar al máximo el control: tienen que ser ejemplo, reflexionar mucho con sus trabajadores".
En su opinión, "quien no controla, no exige; quien no hace cumplir el reglamento permite la indisciplina".
En ese sentido recalcó que realizarán "un fuerte proceso de monitoreo" y "valoraremos para determinar qué hacer con quienes no aplican lo establecido".
Las nuevas resoluciones disciplinarias incluyen un abanico de prohibiciones que serán comunes a todas las empresas, requisitos formales de las sanciones y obligaciones de los administradores de las empresas del Estado, de acuerdo con informaciones divulgadas en medios locales.
Las sanciones "más severas" van desde el traslado temporal a otra plaza de menor remuneración o calificación por un plazo de entre seis meses y un año a la "separación definitiva de la entidad"
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