Trabajo ultima con la Generalitat de Cataluña un acuerdo para mejorar las rentas de ancianos con menores ingresos

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales está ultimando un texto, que se conocerá en las próximas semanas, por el que la Generalitat de Cataluña abandonará la idea inicial de articular políticas de complemento de las pensiones contributivas para abordar complementos para los ancianos con menores rentas, incluyendo las pensiones y otros ingresos en las mismas.

Durante un desayuno informativo por la organización 'Entorno Aragonex', Granado recordó que 'no existe la posibilidad de que las comunidades autónomas articulen políticas de complemento de las pensiones retributivas', aunque sí pueden mejorar con un límite del 25% las pensiones no contributivas por cuenta de sus competencias asistenciales, según recordó hoy el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado.

Así, durante la presente legislatura se modificó la legislación para que las comunidades autónomas pudieran complementar las pensiones no contributivas, mientras que para mejorar la situación de aquellos que perciben pensiones contributivas, se podrían disponer medidas como bonos de transporte, programas de ocio o, como en el caso de Cataluña, políticas de rentas.

Granado afirmó además que el Gobierno está llegando a acuerdos similares al resuelto con Cataluña con distintas comunidades autónomas para resolver 'controversias históricas' en esta materia.

No obstante, insistió en que el Ministerio 'no acepta', en este sentido, que desde una comunidad autónoma se incremente una pensión contributiva ni siquiera en 25 euros, ya que esta operación 'entra en las competencias de la administración de la Seguridad Social, del Gobierno de la Nación y del Estado'.

SISTEMAS DE PROTECCIÓN 'MIXTOS' EN 20 AÑOS

Por otro lado, Granado auguró que en los próximos 20 o 25 años se dará una convergencia de los países de la UE en la adopción de sistemas de protección social 'mixtos', de forma que compartirán unos con otros entre un 75% y un 80% de los 'parámetros básicos', mientras que actualmente este porcentaje se sitúa entre el 30% o el 40%.

Granado se refirió, concretamente, a la confluencia de los actuales sistemas mayoritarios, los de reparto, en los que la cotización es obligatoria, y los de capitalización, que determinan las prestaciones en función de las cotizaciones.

'Todos vamos a tender que corregir nuestros sistemas de protección social. Los sistemas de reparto tendremos que acentuar los equilibrios financieros y los de capitalización los componentes sociales derivados de la marcha del propio sistema', añadió al respecto.

DEPENDENCIA DE LA INMIGRACIÓN

Hasta que llegue esa confluencia, Granado contempla el futuro del sistema de pensiones español con optimismo, y, por lo pronto, considera que 'no hay señales' que indiquen que el superávit alcanzado en 2006 (1,27%) no se vaya a mantener este año.

Para ello es preciso asegurar el 'equilibrio financiero del sistema', algo que, dijo, 'no siempre se puede conseguir con reformas legales'.

Así, consideró que los problemas demográficos son 'la principal preocupación' de cara al futuro del sistema de pensiones. En este sentido, señaló que la aportación de los inmigrantes al sistema de protección social, lejos de ser un elemento de 'vulnerabilidad' por la corta duración en muchas ocasiones de sus carreras laborales, supone un elemento fundamental del crecimiento económico de España.

En este sentido, dijo que España 'necesita inmigrantes' ante las perspectivas de disminución de la población ocupada por evolución vegetativa. No obstante, reconoció que 'lo difícil es ajustar los flujos a las demandas del mercado de trabajo' y que 'la capacidad del Gobierno de poder dirigir la política migratoria es limitada'.

Por otro lado, consideró que, sin que haya 'peligro de extinción' de ninguna de las figuras de jubilación, la jubilación parcial es la que tiene 'peor pronóstico' dado el alto coste que supone a las arcas de la Seguridad Social y la tendencia de las reformas acometidas al ajuste de la jubilación real de los trabajadores con la legal.

En referencia a la fórmula de cómputo de las cotizaciones para el acceso a las pensiones de jubilación, señaló que ampliarlo a toda la vida laboral no afectaría a las pensiones originadas en aquellas por incapacidad permanente (1 de cada 3), ni a los trabajadores con bases mínimas de cotización, que sólo accederían invariablemente a una pensión mínima, por lo que, finalmente, 'soportarían en sistema de cotización los que cuentan con bases de cotización más altas'.

Asimismo, reconoció que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales desconoce el coste que acarreará la aplicación de pensiones de viudedad para parejas de hecho, como se recoge en la reforma de la Seguridad Social, ya que 'no hay una estadística cerrada de cuantas parejas viven en esta situación y tampoco sobre sus rentas'.