El sindicato SOC pide que les devuelvan multas y sanciones por protestar contra el decretazo

El secretario general del Sindicato de Obreros del Campo (SOC) andaluz, Diego Cañamero, anunció que pedirá que le devuelvan a esta organización los cerca de 100.000 euros impuestos en concepto de multas y sanciones por las movilizaciones realizadas en contra del llamado 'decretazo', que ahora ha sido declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional.

En declaraciones a Europa Press, Cañamero valoró la resolución del TC y pidió que les devuelvan los cerca de 100.000 euros de multa que llevan pagados por los juicios y procedimientos sancionadores abiertos a raíz de sus protestas contra el Real Decreto Ley de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo, conocido como el 'decretazo', aprobado el 24 de mayo de 2002 por el Gobierno del PP y ahora declarado inconstitucional por el TC.

Indicó que deberán analizar la vía jurídica para solicitar dicha devolución y compensación "pues está claro que nos deben reconocer que llevábamos razón, pues aunque en ese momento nos llamaron ilegales, realmente nosotros éramos los constitucionales".

Asimismo, el SOC solicitará que se compense "a todos aquellos trabajadores que han sido expulsados del sistema". Cañamero ya indicó que el 'decretazo' "ha supuesto la expulsión del subsidio agrario de 70.000 trabajadores del campo andaluz que no pudieron solicitarlo".

Aunque se mostró contento por esa noticia, pues "es incomprensible que un Estado de derecho cometa tal ilegalidad", Cañamero consideró que al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "se le habrá puesto la cara colorada de vergüenza con una decisión judicial, puesto que debería haberle correspondido al Ejecutivo la decisión de anular dicho Real Decreto".

De hecho, Cañamero solicitó una entrevista con el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, para pedirle que anulara el decreto de reforma de protección al desempleo, el denominado 'decretazo'.

Por último, el SOC mostró su deseo de que a partir de ahora "en los sistemas de protección se recojan a ciertos colectivos excluidos de aquella norma, como los inmigrantes o las mujeres".