El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, expresó ayer su satisfacción por la decisión del Tribunal Constitucional de "desmontar" la reforma laboral elaborada por el Gobierno del PP en 2002, conocida como el 'decretazo, y consideró que con la medida se lanza el mensaje al Partido Popular de que "hay que respetar la Constitución" y contribuir al diálogo social mediante el diálogo en aquellas normas que afectan de forma estructural a los derechos de los trabajadores.
Caldera señaló que cuando presentó en nombre del PSOE, entonces partido en la oposición, la denuncia ante el Tribunal Constitucional estaba convencido de que "tenía la razón legal y también la razón moral y social porque no era un reforma que fuera a mejorar la situación laboral". La sentencia tiene "un mensaje de fondo que es fomentar el diálogo social, una fuente extraordinaria de beneficios económicos y sociales", explicó.
Para el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, "los sindicatos españoles han tenido un comportamiento extraordinario, prudente y responsable salvo cuando son agredidos en el caso del 'decretazo' constituía una agresión. Además se llevó al Consejo de Ministros tres días después de que en la mesa de diálogo no hubiera acuerdo. Parecía una especia de retorsión por no haber alcanzado un acuerdo", afirmó.
Con la decisión dada a conocer ayer, el Tribunal Constitucional resalta que "no se deben tomar decisiones tan importantes relacionadas con el mercado laboral sin que hayan sido previamente dialogadas", afirmó Caldera, quien puso el ejemplo del PSOE y del Gobierno del presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, quien "afirmó que no tomaría decisiones estructurales sobre el mercado laboral sin acuerdo previo con los interlocutores sociales aunque tardara tiempo".
Este extremo, dijo, se puede comprobar "en la reforma laboral que entró en vigor en julio del pasado año y que está dando excelentes resultados, con un aumento del empleo y cada vez de más calidad. En nueve meses se han celebrado en España casi 1,8 millones de contratos indefinidos, la mayor tasa de la historia".
Caldera señaló que "siempre es mejor pactar que imponer" y "anular la Reforma Laboral del año 2002, conocida como el 'decretazo'" ha sido una decisión adoptada por el Tribunal Constitucional "sobre todo porque fue una reforma impuesta no dialogada, no pactada". "Una decisión injusta, innecesaria ya que no había urgencia, necesidad y sobre todo que aquella reforma recortaba los derechos de los trabajadores españoles", añadió.
Para reforzar su tesis, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales destacó que "el mismo Gobierno del PP tuvo que desmontar la norma que había aprobado porque las normas que afectan a derechos básicos como son el derecho al trabajo, la protección social, deben ser dialogadas, acordadas, como la reforma laboral consensuada elaborada por el PSOE, llevada a cabo con el consenso de todas las fuerzas políticas. Así es como se trabaja no imponiendo decisiones que son inconstitucionales y perjudiciales para los trabajadores españoles".
El ministro Caldera se refirió también a la potencial compensación a aquellos afectados por la reforma de 2002 y explicó que dado que "quedó sin efecto porque el propio gobierno lo fue derogando, y pudiese ser que quedase algún elemento afectado por esta sentencia del Tribunal Constitucional, se estudiará a fondo la semana que viene para que nadie sufra perjuicio alguno".
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