El Juzgado de Instrucción número dos de Santa Cruz de Tenerife investiga al armador grancanario Tomás Barreto Acuña por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. Según consta en las diligencias que se llevan a cabo, Barreto adeuda el salario a seis marineros de nacionalidad filipina desde junio de 2006 y tampoco les ha dado dinero para que puedan regresar a su país.
Los hechos se originaron a mediados del mes de febrero, cuando se recibió una denuncia en la que se exponía la situación en que se encontraban estas personas. Un día más tarde, agentes de la sección de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía tomaron declaración a la mitad de los tripulantes, y al día siguiente al resto. En su declaración, los trabajadores afirmaron que el armador no les pagaba, no les daba dinero para mantenerse, que no tenían dinero, que tuvieron que hacer un fondo común para comprar comida, que el empresario les había quitado los pasaportes y que los amenazó con dejarlos sin motor, con lo que se quedarían sin agua, luz, ni cocina. Los policías observaron que los tripulantes estaban en un estado especial de necesidad y dependencia y que uno de los filipinos estaba enfermo, pero no tenía dinero para medicinas.
Ante estos hechos, el juez que analiza el caso ha impuesto una fianza cautelar de 40.000 euros para que Barreto no evada la acción de la Justicia. Además está obligado a presentarse los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado. En caso de ser declarado culpable, se enfrentaría a una pena máxima de tres años de prisión y doce meses de multa.
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