Juan José Güemes denuncia que “una Ley que lucha a favor de la igualdad de la mujer,destina el 60% de su coste presupuestario al permiso de paternidad de los hombres”
Actualmente de las más de 1.000 personas que forman parte de los consejos de administración de las empresas españolas tan sólo 45 son mujeres. Si en los próximos ocho años se cumpliera lo establecido por la nueva Ley de Igualdad, esta cifra ascendería hasta 400-500 mujeres según ha afirmado hoy Ignacio Gil Casares, presidente de Spencer Stuart, en la jornada “La nueva Ley de Igualdad. Implicaciones laborales y empresariales” organizada por Adecco y APD.
Esta previsión, de cumplirse, llevaría al escenario de igualdad que la sociedad y los agentes sociales vienen reclamando y que ha dado como fruto la presente Ley. Sin embargo, la obligada presencia paritaria en los consejos de administración es uno de los puntos conflictivos que el nuevo reglamento puede originar: según Gil Casares, “no se puede debilitar un consejo de administración por situar a una mujer en el mismo” por lo que propone que las empresas inviertan en los escalones inferiores de las compañías para promocionar a las mujeres, incentiven a éstas para continuar su carrera profesional y busquen con esmero a las profesionales para ocupar los puestos directivos.
Por su parte, el Director General de Trabajo, Raúl Riesco, ha afirmado que la Ley surge para erradicar las diferentes situaciones de desigualdad en las que se encuentran las mujeres en nuestro país, “con tasas de ocupación muy inferiores a las de los hombres y sufriendo el desempleo y la temporalidad en mayor medida que los varones”.
Riesco ha destacado que por primera vez el tema de la igualdad entre hombres y mujeres ha sido incluido en la mesa de diálogo social y que pese a no contar con el respaldo unánime de todos los negociadores, ha hecho un llamamiento a aplicar la Ley por la dignidad de la personas y porque la presencia de la mujer aumentará la productividad y competitividad de las empresas.
Asimismo, el Director General de Trabajo ha resaltado la importancia de que la nueva Ley recoja el concepto de “discriminación indirecta” en su contenido, sin embargo, Federico Durán, Catedrático de Derecho del Trabajo, ha explicado la confusión que este tipo de conceptos puede generar: “no toda desigualdad tiene un componente de discriminación, al mismo tiempo que la erradicación de la discriminación no eliminaría todas las situaciones de desigualdad”.
Durán ha afirmado que el principio de no discriminación es prohibitivo, mientras que el de igualdad es positivo, por lo que los instrumentos jurídicos son diferentes en ambos principios, algo que no aclara con nitidez la nueva Ley y que puede llevar a una confusión conceptual, ya que incumplir la no discriminación conlleva una sanción disuasoria o administrativa, mientras que una situación de desigualdad no puede acarrear sanción alguna al tratarse de un mandato positivo y, por lo tanto, no prohibitivo.
Otro punto conflictivo de la Ley, según el catedrático, es las compensaciones e indemnizaciones derivadas por el incumplimiento del nuevo ordenamiento: “la Ley establece que pueden solicitarse compensaciones e indemnizaciones, pero no precisa la cuantía de las mismas”.
Durán se ha mostrado contrario al sistema de cuotas que establece la Ley de Igualdad, tomando como ejemplo el fracaso de este sistema en Estados Unidos, aunque en este caso por cuestiones de raza, y ha cerrado su intervención reflexionando en voz alta: “la Ley dispara contra todo lo que se mueve, excepto contra los sindicatos, por lo que en un futuro podríamos encontrarnos con la paradoja de que una compañía tenga un consejo de administración paritario y su comité de empresa no lo sea”.
Por su parte, Elisa García, de UGT, y Carmen Bravo, de CC.OO., han resaltado la importancia de la Ley ya que por primera vez se obliga a que los planes de igualdad sean incluidos entre los temas de la negociación colectiva de los convenios, mientras que para Pilar Iglesias, de CEOE, este punto produce un gran desequilibrio en dicha negociación al tiempo que no ofrece herramientas sobre cómo diseñar e implementar los planes de igualdad ni cómo medir las situaciones de discriminación, dado que las actuales cifras estadísticas reflejan una situación de igualdad o desigualdad pero no de discriminación.
El consejero de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes, en el acto de clausura de la jornada, aseguró que la Ley sólo avanza sobre los cambios legislativos anteriormente realizados y denunció que “una Ley que lucha a favor de la igualdad de la mujer, destina el 60% de su coste presupuestario al permiso de paternidad de los hombres”.
Güemes ha puesto como ejemplo a la Comunidad de Madrid por tener la mayor tasa de ocupación femenina de España y superior a la media europea; sin embargo, ha estimado que las mujeres eguirán siendo el principal yacimiento de Recursos Humanos en los próximos 7 años, para los que se prevé una pérdida de 60.000 personas en edad de trabajar, que será cubierta por este colectivo.
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