Mari Luz Sanz, vicepresidenta del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), pidió a las administraciones públicas y a los empresarios "medidas activas" para incrementar el empleo de las personas con discapacidad, ya que su situación laboral "está lejos de ser satisfactoria" en España, a pesar de los avances legislativos.
Desde el punto de vista del Cermi, afirmó Sanz, la incorporación al mercado laboral de las personas con discapacidad exige "la voluntad decidida de los poderes públicos, de la sociedad en general y de los propios discapacitados", que han de convertirse en agentes activos de esta causa.
La sociedad y los empresarios, continuó, "deben superar y arrinconar los prejuicios que pesan sobre la discapacidad y tomar plena conciencia de las potencialidades" de este colectivo.
Asimismo, pidió fórmulas para las personas con discapacidad que no puedan trabajar o que, aunque lo hagan, precisen de más apoyos y se refirió, concretamente, al empleo protegido.
Para el comité representativo de las personas con discapacidad, finalizó Sanz, el empleo es uno de los ámbitos de actuación prioritarios, puesto que sin él las personas discapacitadas no pueden tener una vida independiente.
Por su parte, el secretario general del Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, apostó también por trabajar en los ámbitos del empleo y de la eliminación de barreras de todo tipo para mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad.
Pérez Bueno hizo esta reflexión en una mesa redonda sobre los 25 años de la Ley de Integración Social de los Minusválidos (Lismi) El secretario general del Cermi quiso dejar muy claro que todas sus reflexiones hechas en esta mesa redonda, moderada por la directora de Formación y Empleo de Fundación ONCE, Pepa Torres, son a título personal.
Hay que actuar en el plano social, educativo y de accesibilidad, subrayó Pérez Bueno, quien argumentó que si las autoridades competentes en esta materia se limitan "a mejorar sólo la parte del empleo y a tomar medidas de política estrictamente laboral", se va a emplear únicamente "a los empleables".
"Hasta ahora", explicó que, "hemos empezado a hacer lo fácil", es decir, "emplear a los empleables" o fácilmente empleables". Sin embargo, continuó, "persiste un núcleo muy duro" de personas con discapacidad de difícil inserción laboral: las mujeres que viven en el medio rural, los mayores de cincuenta años y quienes tienen discapacidades severas, entre otros colectivos.
Por eso, afirmó, "hay que diversificar las políticas y no aplicar las mismas medidas a todas las personas con discapacidad".
En su opinión, España está en un buen momento para emplear a personas con discapacidad y debe aprovecharlo, no perdiendo, por ejemplo, oportunidades como la que brindará el desarrollo de la ley de autonomía personal, que creará, según el Libro Blanco de la Dependencia, alrededor de 300.000 puestos de trabajo.
Además del secretario general del Cermi, participaron en esta mesa redonda el director general de la Confederación Española de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps), Paulino Azúa, y Stefan Trömel, director general de Feacem, entidad formada por las principales asociaciones nacionales de centros especiales de empleo vinculados a las organizaciones de personas con discapacidad.
En su intervención, Azúa, que habló sobre la puesta en marcha de la Lismi, defendió la necesidad de que esta ley siga vigente, en contra de quienes quisieron que se derogara con la llegada de la Ley de Igualdad, No Discriminación y Accesibilidad Universal (Liondau). La Lismi "es una percha jurídica fundamental para entender una parte de lo que ha sido el desarrollo normativo posterior", dijo.
Por su parte, Trömel, que centró su exposición en el desarrollo legislativo en el ámbito del empleo y la no discriminación en el marco europeo, señaló que "los aires que vienen de Bruselas en el ámbito del empleo han sido más cálidos" en otros tiempos.
Sin embargo, matizó, sí que hay elementos europeos que están ayudando a avanzar en la mejora del empleo, que es una competencia nacional, como la introducción del concepto de la no discriminación, que en España se traqspuso a la Liondau, una norma que, en su opinión, si fuera más conocida "supondría más empleo" y más protección para las personas con discapacidad ya contratadas.
El consejero delegado de Fundosa, el grupo de empresas de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, pidió a los creadores de nuevas tecnologías que a la hora de diseñarlas piensen en que puedan servir a todas las personas y convertirse así en un "vehículo facilitador" y no en una "barrera" para colectivos como el de las personas con discapacidad.
El consejero delegado de Fundosa, como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), hizo hincapié en la necesidad de que las administraciones articulen los mecanismos legislativos y de apoyo necesarios para mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad en España.
Las empresas, por su parte, continuó, deben "tomar conciencia del activo" que hay en las personas con discapacidad y cumplir, además, la normativa existente en esta materia.
Del mismo modo, agregó Martínez Donoso, los agentes sociales y el colectivo de las personas con discapacidad han de asumir su parte de responsabilidad y poner en marcha procesos formativos para mejorar la inserción laboral de este colectivo.
Empleo en Castilla y León
Según afirmó el consejero de Economía y Empleo de Castilla y León durante su intervención, Tomás Villanueva, más de 6.000 personas con discapacidad trabajan actualmente en centros ordinarios y especiales de empleo de la región.
De estas más de 6.000 personas con discapacidad que trabajan en la actualidad en Castilla y León, un total de 2.819 lo hacen en los 159 centros especiales de empleo registrados en la región hasta el 31 de diciembre del año pasado. El resto, informó Villanueva, lo hacen en corporaciones locales y en centros ordinarios de toda la comunidad.
De las 2.819 personas con discapacidad que trabajan actualmente en centros especiales de empleo de Castilla y León, un total de 1.229 tienen una discapacidad psíquica; 1.295, física, y 295, sensorial. De todos ellos, 1.759 son hombres y 1.060, mujeres.
Según la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, entre los años 2003 y 2006, el número de centros especiales de empleo creció en esta comunidad un 26 por ciento, mientras que la cifra de puestos de trabajo para personas con discapacidad, lo hizo en un cuarenta y dos por ciento.
Cargando ...
Los comentarios están cerrados.