El estudio dedica un apartado especial a los colectivos más desfavorecidos para los que se deberían de priorizar las ayudas.
Los grupos de población con más poblemas de acceso a la vivienda son los jóvenes, la población femenina y el colectivo inmigrante. En el caso de los jóvenes, la dificultad es tal que necesitan dedicar más del 55 por ciento de su salario para poder comprar una vivienda libre. Esa situación empeora aún más cuando se trata de jóvenes menores de 25 años, pues esta cifra alcanza el 70 por ciento de sus ingresos, es decir, un máximo histórico si se analizan los últimos seis años.
Desde una perspectiva de género, las mujeres menores de 35 años, que en media perciben un 22 por ciento menos del salario que se paga a los hombres de su misma edad y en muchas circunstancias por la misma labor -una crítica sostenida por los sindicatos desde hace años-, siguen
siendo quienes tienen las peores condiciones de acceso a la vivienda. En su caso, el esfuerzo salarial alcanza el 62 por ciento de sus ingresos anuales.
Los economistas se detienen a analizar las causas de esta situación, especialmente en el caso de los jóvenes. Entre los principales motivos que recoge Cajamar en su informe para explicar las dificultades para adquirir una vivienda está la alta tasa de temporalidad en el empleo.
En concreto, afirman, en el segmento poblacional de menores de 25 años se computan casi el 65 por ciento de los contratos temporales y, además, se destaca que el 64 por ciento de los contratos temporales de menos de un año de duración corresponden a jóvenes. Tampoco se puede olvidar que este hecho puede tener su explicación en el retraso en la incorporación a la vida laboral de los jóvenes pero analizando la temporalidad hasta los 30 años de edad, resulta que dicha tasa continúa siendo 'preocupante' para los expertos pues rebasa el 55 por ciento.
Eso quiere decir que, nada más y nada menos, que uno de cada dos contratos realizados a jóvenes menores de treinta años es de carácter temporal.
El otro gran colectivo con problemas de acceso a la vivienda es el de los inmigrantes, hasta ahora, según definen en el informe 'el gran olvidado'. A este respecto se les considera como un grupo relevante a la hora de analizar la demanda de viviendas. El perfil de estos demandantes está caracterizado por la enorme dificultad a la hora de adquirir una vivienda pues, generalmente, 'no se tiene en cuenta que estas personas tienen la necesidad de enviar remesas de fondos a sus familias, todavía en origen, por lo que su capacidad de ahorro se encuentra seriamente mermada'.
Asimismo, también incide negativamente en la posibilidad de comprar una casa el escaso valor añadido de los puestos de trabajo que desempeñan o pueden acceder, a la vez que se trata de empleos con un bajo nivel retributivo y una alta precariedad laboral. De hecho, los analistas ya reconocen que 'todos estos hechos hacen que, desde las distintas administraciones, se esté estudiando la posibilidad de ajustar aún más la política de vivienda, para establecer unas condiciones más favorables para los inmigrantes'.
A nivel estatal, con lo que se puede trasladar a la provincia almeriense, el grueso de las ayudas y subvenciones a la vivienda se concretan, en estos momentos, en el Plan de la Vivienda en vigor que ofrece bonificaciones y subsidiaciones del tipo de interés, por ejemplo, a través de préstamos convenidos. Por otro lado, dependiendo de la renta, existen ayudas económicas directas para la adquisición de vivienda.
Finalmente se han desarrollando ayudas al alquiler de viviendas y deducciones contempladas en el IRPF.
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