Las relaciones de los ciudadanos con las administraciones locales son cada vez más intensas: en la última década los ayuntamientos han aumentado sus competencias, cada vez prestan más servicios y, en definitiva, están mucho más presentes en la vida cotidiana de sus vecinos. Pese a ello, las plantillas municipales han variado poco en los consistorios vizcaínos.
Según los datos del Ministerio de Administraciones Públicas, en octubre de 2006 trabajaban en el territorio 10.896 funcionarios municipales frente a los 9.902 que existían en 1995. Si se tiene en cuenta el incremento de los servicios que prestan, las mayores competencias y que en 2001 se implantaron en todas las administraciones locales las jornadas de 1.592 horas anuales -lo que provocó un crecimiento en la contratación del 4,3 por ciento-, se trata de una subida más que tímida.
Este fenómeno se explica por la tendencia cada vez mayor a la subcontratación de servicios. De hecho, en los grandes ayuntamientos vizcaínos como Bilbao y Barakaldo, la cifra de personas empleadas en subcontratas casi iguala a las plantillas municipales. En el caso de la capital, según el presidente del comité de empresa, Txema Landa (ELA), el Consistorio da empleo de manera indirecta a unos dos mil trabajadores de empresas privadas subcontratadas, mientras que la plantilla municipal es de 2.347 personas. En Barakaldo la proporción es parecida: 500 empleos indirectos frente a 643 funcionarios, apunta Ángel Madrazo, responsable de Administración Local de Comisiones Obreras y cabeza de la sección sindical en el Ayuntamiento.
Las propias administraciones locales reconocen que cada vez se subcontratan más servicios. La Asociación de Municipios Vascos (EUDEL) señala que, sobre todo, ocurre en los sectores de limpieza, seguridad, jardinería y mantenimiento, aunque también se extiende a la gestión del agua residual, bienestar social, instalaciones deportivas, actividades culturales, comedores y hostelería. Los ayuntamientos tienden a perder las categorías de oficio -las menos cualificadas-, que, con el paso del tiempo, también son las que más personal requieren, como es el caso de los servicios de limpieza. Pero esa pérdida no supone que caiga el número de funcionarios, que en la mayoría de los casos se mantienen o incluso crecen, ya que la externalización de ciertos trabajos es compensada con el crecimiento de otros ámbitos, como el personal administrativo o el surgimiento de departamentos que antes no existían, como el servicio informático.
La cuestión es ¿por qué se acude a la externalización de aquellos servicios? Los técnicos de EUDEL justifican la tendencia, por una parte, en criterios de efectividad en el desarrollo del trabajo, ya que 'los ayuntamientos no pueden ser especialistas en todo'. De ese modo, dicen que con la externalización las labores se llevan a cabo por expertos. Sin embargo, también reconocen que en ciertos municipios como Bermeo o Lekeitio -también en Vitoria- evitan la subcontratación y siguen funcionando de manera correcta con sus propios empleados. Así, al final, simplemente se acude a criterios de gestión para justificar las subcontratas.
Y eso, traducido, significa una cosa: la externalización de servicios facilita a las administraciones locales el desentenderse de las cuestiones laborales, de desembolsar sueldos de funcionarios y de ofrecer condiciones laborales muy ventajosas para los trabajadores pero que ralentizan el servicio. Mikel Torres, concejal de Personal de Portugalete, reconoce que, por ejemplo, 'si un funcionario cae de baja, el proceso para sustituirlo es largo. Sin embargo, si se trata de un trabajador de una empresa privada, se hace de un día para otro'. Es decir, se evita 'la rigidez del sistema funcionarial, que plantea problemas para prestar un servicio de manera continuada'. En el mismo sentido se explica la concejala de Getxo, Begoña Ezkurra, en referencia a la prestación de servicios que no justifican un contrato a tiempo completo: 'Nosotros no podemos contratar a personas para trabajar por horas. En esos casos, una subcontrata sí puede hacerlo o incluso cubrir el servicio con horas extras de sus trabajadores'.
Por supuesto, otro aspecto fundamental es el económico. Un ejemplo clarificador se encuentra en los servicios de limpieza. Según explica Ángel Madrazo, de CC OO, una limpiadora integrada en la plantilla de un ayuntamiento cobra unos 1.200 euros mensuales netos. Por el mismo trabajo, y seguramente con mayor flexibilidad, una persona percibe en una empresa privada bastante menos de mil.
En vista de todo lo anterior, da la impresión de que, al final, las administraciones locales simplemente se aprovechan de la precariedad que pueden ofrecer las empresas privadas a sus trabajadores, unas condiciones que ningún funcionario aceptaría. 'La gran pelea con los sindicatos se planteó hace diez años', recuerda Mikel Torres, concejal en Portugalete, cuando comenzó el auge de la externalización de servicios. 'Hubo un proceso duro de negociación, pero al final lo que se busca es dar un buen servicio al ciudadano'.
En EUDEL rechazan que los ayuntamientos se desentiendan de las condiciones laborales de los trabajadores que prestan servicio al municipio desde las subcontratas. Los técnicos recuerdan que en el año 2002 PNV, EA, PSE y PP firmaron un acuerdo en el que 'las Administraciones Locales y Forales se comprometen a prestar los servicios públicos mayoritariamente con personal propio y a que el trabajo en las empresas subcontratadas se desempeñe en condiciones dignas (retribuciones, seguridad social, prevención de riesgos laborales, etc.)'. Además, pretendían 'establecer mecanismos de control y seguimiento' para verificar que esas condiciones se cumplen.
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