La reforma de la Seguridad Social aprobada por el Gobierno es insuficiente y no garantiza la sostenibilidad del sistema de pensiones, según la mayoría de expertos consultados en una encuesta de PricewaterhouseCoopers.
Según este estudio, para el que se ha encuestado a 346 empresarios y expertos, la reforma es oportuna para la gran mayoría (93,6%), pero según el 78,7 por ciento no cumplirá con los objetivos que proclama el Gobierno de mejorar las prestaciones y la viabilidad futura del sistema a la vez, sin aumentar las cotizaciones o la edad de jubilación.
El 40,7 por ciento de los expertos opina que cada vez hay más trabajadores que reciben la pensión máxima de jubilación con carreras completas de cotización (35 años) y que se jubilan a los 65 años, por lo que consideran que el incentivo a la prolongación de la vida laboral perderá eficacia progresivamente.
Además, el 60,1 por ciento de los encuestados cree que para garantizar la sostenibilidad futura del sistema de pensiones sería conveniente ampliar el período de cómputo de la base reguladora de la pensión de jubilación a toda la vida laboral, o a gran parte de la misma, en vez de los actuales 15 años que prevé la reforma.
Para el 70,6 por ciento, los trabajadores deberían ahorrar más en productos para su jubilación porque creen que el sistema actual de planes y fondos de pensiones es insuficiente y el 70 por ciento ve necesaria una reforma más profunda.
El 52,7 por ciento piensa que los trabajadores deberían poder jubilarse a la edad que quieran después de los 50 años, pero con un cálculo muy preciso de la pensión que le pudiera corresponder de acuerdo a su carrera de cotizaciones para no perjudicar al sistema.
En cuanto a la incapacidad, más de la mitad de los consultados, un 55,2 por ciento, opina que los complementos de gran invalidez deberían salir por completo del sistema de pensiones y pasar al nuevo sistema de dependencia, con sus baremos y controles específicos.
Por otra parte, el 56,6 por ciento estima que la pensión de viudedad la sufragan por igual los trabajadores casados y los solteros, convivan o no con otra persona, por lo que juzgan justo que al menos las parejas de hecho la perciban.
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