Las empresas con más de cincuenta empleados que soliciten ayudas públicas de la Junta de Castilla y León deberán acreditar que cumplen con la cuota del dos por ciento de empleo para personas con discapacidad establecida por ley, según ha informado el director de Economía Social de la Junta de esta comunidad, Miguel Ángel Díez.
Díez explicó que esta normativa se materializará en un decreto que desarrollará la ley de medidas financieras de esta comunidad, que estará listo en mes y medio o dos meses.
El director de Economía Social de Castilla y León hizo estas declaraciones a Servimedia al término de un congreso nacional sobre Empleo y Discapacidad, celebrado estos días en Burgos y organizado por la Asociación Feaps para el Empleo (AFEM).
El objetivo de este decreto es incentivar a las empresas que contraten a personas con discapacidad, por eso premiará a las que cumplan con la reserva del dos por ciento y a las que sin estar obligadas a ello por tener menos de cincuenta empleados hayan incorporado a trabajadores discapacitados en su estructura, continuó Díez.
Se trata de "primar a las empresas que tienen un comportamiento más responsable" con respecto al empleo de personas con discapacidad a la hora de otorgar ayudas públicas, subrayó.
El responsable de Economía Social castellanoleonés aclaró que este decreto regulará la concesión de todo tipo de ayudas públicas a las empresas y no sólo las vinculadas al empleo.
El decreto se encuentra ahora en manos del Consejo Económico y Social de Castilla y León, que deberá emitir un informe, al igual que tendrá que hacerlo el Comité Consultivo como paso previo a la aprobación por parte de las Cortes castellanoleonesas.
Feacem pide más encuentros
Por su parte, el presidente de la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo (Feacem), José María Ibáñez, pidió a la Administración General del Estado que tome ejemplo de la de Castilla y León y siente en la misma mesa a las empresas de la economía social y a los agentes económicos y sociales para debatir sobre el problema del empleo de las personas con discapacidad, como se ha hecho estos días en Burgos.
Este congreso, explicó, ha sido "muy positivo" porque ha permitido ver que tanto las empresas de economía social, como los agentes económicos y sociales "estamos preocupados y en desacuerdo con la situación que tenemos" en cuanto a la inserción social de las personas con discapacidad.
Por este motivo, insistió Ibáñez, es necesario el diálogo entre unos y otros agentes y han de impulsarlo tanto las administraciones públicas, como los propios interesados.
Por otra parte, el presidente de Feacem destacó el hecho de que la Junta de Castilla y León cuente con una estructura propia y especializada en las políticas de empleo de las personas con discapacidad, como es la Dirección de Economía Social, ubicada en la Viceconsejería de Empleo, y aseguró que éste ha sido un factor decisivo a la hora de celebrar el congreso en Burgos.
Ibáñez subrayó por último que Castilla y León es la única comunidad autónoma que dispone de un ámbito administrativo propio para las familias de la economía social.
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