La Comisión Europea considera que, tras el anuncio de cierre de la factoría de Puerto Real (Cádiz), la empresa Delphi puede estar incumpliendo la normativa comunitaria, marco que prevé muchas directivas de obligado cumplimiento como la relativa a la protección de los trabajadores en caso de insolvencia o la que hace referencia a la información y consulta de los trabajadores.
Según los eurodiputados socialistas Francisca Pleguezuelos y Luis Yánez-Barrionuevo, entre las directivas de obligado cumplimiento citadas por la Comisión también está la de despidos colectivos, la de derechos de trabajadores en caso de traspaso o la relativa a los comités de empresas europeas.
En el mismo sentido, los socialistas explicaron que la Comisión reconoce que es su obligación intervenir cuando las empresas violan el derecho comunitario y que el comisario de Empleo, Vladimir Spidla, reiteró su voluntad de ayudar a las autoridades españolas a verificar el respeto a las reglas comunitarias.
En respuesta a las preguntas presentadas por Pleguezuelos y Yánez-Barrionuevo sobre las iniciativas previstas ante el anuncio de cierre, la Comisión señaló ayer que "es consciente de las consecuencias negativas que una reestructuración puede tener sobre los trabajadores afectados, sus familias y la región".
Así las cosas, Pleguezuelos indicó que, "cuando se confirme jurídicamente que la empresa norteamericana ha violado varias directivas comunitarias, muy especialmente la relativa a los despidos colectivos y a la insolvencia del empresario, las autoridades europeas intervendrán y exigirán el cumplimiento de la norma para una empresa que tiene factoría en un Estado de la UE".
Por su parte, Yánez-Barrionuevo manifestó la satisfacción que "para todos los Estados miembros" supone la respuesta de la Comisión ya que, a su juicio, da un "espaldarazo a los derechos de los trabajadores y deja muy clara cuáles son las reglas del juego en el seno de la Unión Europea".
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