El asunto es tan serio que incluso el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se refirió a ello en su reciente informe sobre la situación económica española.
Es cierto que la Seguridad Social registra superávit por noveno año consecutivo, con un fondo de reserva de 40.000 millones de euros que, a partir de ahora, se podrán invertir también en bolsa para buscar mayor rentabilidad. La principal razón de este superávit está en el aumento de cotizantes por la inmigración y, sobre todo, en que el ritmo de crecimiento de jubilados está siendo moderado en estos años como consecuencia de los efectos demográficos de la mortalidad y del exilio provocados por la Guerra Civil.
Sin embargo, esta tendencia se agotará lógicamente en los próximos diez o quince años. España lleva camino de ser el país europeo con un mayor porcentaje de personas de la tercera edad, lo que constituye una preocupante amenaza para el sistema y que lleva a considerar la prolongación de la edad de retiro hasta los 70 años, frente a los 65 actuales; a computar toda la vida laboral para el cálculo de la pensión, en lugar de los quince últimos años, así como a constituir un índice de precios al consumo (IPC) específico para regular el aumento anual de las pensiones.
Pero hay que hacer algunas precisiones. El retraso de la edad de jubilación puede resultar injusto si se aplica de forma lineal para todos. En el transcurso de una generación, la edad de entrada en el mercado del trabajo se ha retrasado hasta unos diez años. Por tanto, de prolongarse de forma generalizada la edad de la jubilación, se cargaría todo el peso de la reforma de la Seguridad Social sobre una generación, precisamente la que empezó a trabajar en edades más tempranas, y que sería también la que más años trabajaría. Prolongar la edad de jubilación, por tanto, sólo puede aplicarse si se tiene en cuenta la vida laboral de cada persona y se establece de forma proporcional a los años de cotización. No es lo mismo retrasar la jubilación hasta los 70 años de una persona que empezó a trabajar a los 14 años que hacerlo a otra que hubiera comenzado su vida laboral a los 24 años, ya que el esfuerzo solidario de esta última sería diez años menor.
También puede ser problemático calcular la pensión a partir del cómputo de toda la vida laboral y no de los últimos quince años, como sucede ahora. Con el bien entendido de que los resultados se deben calcular a partir de los salarios en términos reales y no nominales. Finalmente, la constitución de un IPC específico para calcular el aumento anual de las pensiones, que no incluya productos que, como el tabaco, apenas se consumen en la tercera edad, como se hace en otros países europeos, puede ser una medida muy polémica pero muy eficaz cara a reducir el gasto anual.
Lo importante, en cualquier caso, es que el Gobierno, de acuerdo con los sindicatos y la patronal, adopte a tiempo las medidas adecuadas y justas para garantizar que todos puedan recibir la jubilación que les corresponde.
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