Siete de cada diez empresas españolas no cumplen la Ley de Integración Sociolaboral de los Minusválidos (LISMI), según los datos presentados en la II edición del Observatorio de la Fundación del Centro Especial de Empleo Grupo SIFU, y Caixa Laboral.
A pesar de su incumplimiento, casi la totalidad de los españoles (96 por ciento) conocen esta legislación.
El trabajo, se realizó con el objetivo de evaluar la situación actual en lo que se refiere al acceso al mercado laboral de las personas con discapacidad. El estudio se elaboró durante el último trimestre del año 2006 sobre una muestra de 400 empresas con una plantilla superior a los 50 trabajadores.
La normativa establece que las empresas públicas y privadas, con una plantilla igual o superior a los 50 trabajadores están obligadas a reservar el 2 por ciento de las plazas para personas con discapacidad.
Existen también una serie de medidas alternativas al cumplimiento de la normativa, recogidas en el Real Decreto 27/2000 de 14 de enero.
Por comunidades autónomas, Aragón es dónde más se cumple con esta normativa, ya que un 62,5 por ciento de los empresarios consultados asegura hacerlo. También por encima de la media española se sitúan comunidades como el País Vasco (45 por ciento), Cataluña (38,5 por ciento), Baleares (37,5 por ciento) y Madrid (33,3 por ciento).
En la parte baja de la tabla, es decir por debajo de la media española, encontramos a Murcia con un grado de cumplimiento de un 21,4 por ciento, Castilla la Mancha con el 16,7 por ciento, la Comunidad Valenciana con el 11,5 por ciento, Andalucía con un 10 por ciento y Las Canarias con el 9 por ciento.
Si se compara el porcentaje de incumplimiento de la Ley con los resultados obtenidos en la primera edición del Observatorio Fundación Grupo SIFU, publicado el año pasado, se puede apreciar una ligera mejora.
En 2005, 8 de cada 10 empresarios reconocía no cumplir con la LISMI, mientras que en 2006 la cifra baja hasta cerca de 7 de cada 10.
Entre las conclusiones del trabajo destaca también que el 60,4 por ciento de los empresarios consultados asegura no contratar personas con discapacidad porque consideran que no cumplen el perfil requerido.
Otra de las razones mayoritarias para justificar la no contratación de personas agrupadas en este colectivo es la dificultad para encontrar este personal, también se argumenta la incompatibilidad del puesto de trabajo con la discapacidad o la falta de información.
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