Cientos de técnicos de la Agencia Tributaria y del Ministerio de Hacienda se manifestaron ayer ante sedes de Hacienda en toda España. El colectivo, formado por unas 8.000 personas del nivel B en la Agencia Tributaria y la Intervención General del Estado, exige que se reconozca que realizan tareas que corresponden a los inspectores (nivel A) y repetirá jornadas de huelga mañana viernes y el próximo lunes. Se trata de los técnicos de Hacienda, Auditoría, Contabilidad y Catastro.
Para hoy está prevista una manifestación en Madrid convocada por el sindicato que agrupa a este colectivo, Gestha. Los convocantes esperan la participación de más de 2.000 personas. Unos 150 representantes de esta organización sindical en Catalunya asistirán a la protesta en la capital de España. Y se espera que acudan miembros del sindicato de todo el país.
El vicepresidente económico, Pedro Solbes, confió ayer en que la huelga de los técnicos no afecte a la campaña de la declaración de la renta. Gestha cifró ayer en torno al 89% el seguimiento del paro realizado ayer, mientras que la Agencia Tributaria lo situó en el 59% "de los cerca de 4.500 funcionarios del cuerpo técnico de Hacienda –dato sin incluir Madrid, por ser festivo–".
El ministerio recordó que Hacienda está formada por más de 28.000 personas, de los que Gestha representa solo a una parte. En todo caso, pese a que los convocantes de las protestas no suelen participar en los servicios de atención al contribuyente, sí que los supervisan.
Antoni Molina, portavoz de Gestha en Barcelona, denunció ayer que "el problema en la Agencia Tributaria es que todos los colectivos realizan funciones más allá de lo que les corresponde sin cobrar por ello y sin que les sea reconocido". Gestha exige la creación de un nuevo Cuerpo Superior Técnico de Hacienda, extremo al que se oponen las autoridades del ministerio de Economía y Hacienda.
PETICIÓN ANTIGUA
La constitución de este nuevo cuerpo, que es una reivindicación que se arrastra desde hace años, "vendría a reconocer las funciones superiores efectivamente desempeñadas desde hace años en el control tributario, de gasto público y de las subvenciones" por parte de estos funcionarios. Esta modificación situaría a estos funcionarios encuadrados en la actualidad en el nivel B, en el A "y la asunción de mayores responsabilidades en el control del gasto público y en la prevención del fraude fiscal, la economía sumergida y el blanqueo de capitales".
El colectivo que protagoniza la protesta está formado por 8.000 funcionarios, de los que 6.000 se localizan en la Agencia Tributaria y los 2.000 restantes en el Ministerio de Economía y Hacienda y en la Intervención General del Estado.
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