El secretario ejecutivo confederal de Política Industrial de UGT, Ángel Fernández, pidió ayer a las administraciones que exijan responsabilidades y condiciones a las multinacionales que se asienten en España para frenar los procesos de deslocalización de la actividad.
En su comparecencia en el Congreso ante la Subcomisión para el 'Análisis de las medidas a proponer al Gobierno en relación a los procesos de deslocalización y para estimular las mejoras de la competitividad de la economía', Fernández subrayó que las deslocalizaciones han puesto en evidencia la debilidad del tejido productivo español y la necesidad de cambiarlo.
El responsable sindical de Política Industrial destacó la importancia de la mesa de política industrial del diálogo social para fijar una estrategia, a largo plazo, que apueste por un tejido industrial propio y fuerte, que ejerza de motor del crecimiento económico.
Fernández recordó que el actual modelo productivo se caracteriza por falta de competitividad, escasa productividad, tendencias inflacionistas, una elevada tasa de temporalidad, empleos de poca calidad y una política industrial 'poco efectiva'.
Este modelo, denunció, no ha podido impedir que numerosas empresas españolas y multinacionales extranjeras se marchen a otros países y dejen de invertir en España. Así, las inversiones españolas en el extranjero se han incrementado un 2.788% entre 1993 y 2005, mientras la inversión extranjera directa, en este periodo, sólo ha crecido el 187%, cayendo un 50% las inversiones efectuadas desde 2000 a 2005.
SANCIONES FISCALES PARA QUIEN DESLOCALICE
En su opinión, el incremento de las deslocalizaciones obedece al 'rápido ritmo' de crecimiento de las economías emergentes. Frente a las deslocalizaciones, subrayó Fernández, se puede actuar por una doble vía: evitar la marcha de las empresas y, a la vez, fomentar el atractivo para que nuevas empresas se establezcan.
Así, UGT considera que los territorios, a través de los Gobiernos, no deben tener una visión 'cortoplacista' a la hora de negociar el establecimiento de una empresa extranjera y ofrecer terrenos baratos o gratuitos, rebaja y exención de impuestos, subvenciones para inversiones, ayudas a la formación, sino que además deben de exigir una serie de condiciones.
Entre ellas citó la continuidad de la empresa, su contribución para fortalecer el tejido económico, y su compromiso con el empleo y las condiciones laborales. Asimismo, manifestó que cuando se produzca una deslocalización deben haber sanciones fiscales, devolución de ayudas y planes sociales justos en los expediente de regulación, así como políticas de recolocación laboral.
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