Las sanciones podrán ser administrativas, económicas y, en casos muy graves, incluso penales
La Comisión Europea dará a conocer el próximo miércoles una propuesta de directiva para sancionar a los empresarios que contraten a trabajadores inmigrantes ilegales con la que se persigue intensificar las medidas frente a la contratación irregular y, al mismo tiempo, abordar el serio problema que supone la explotación de la población inmigrante, que no puede protegerse frente a los abusos.
El objetivo de la medida, que será presentada por el comisario de Justicia, Libertad y Seguridad del Ejecutivo, Franco Frattini, es introducir en todos los Estados miembros penas similares para los empleadores que ofrezcan trabajo a inmigrantes que residen de manera ilegal en el país. Las sanciones podrán ser administrativas, económicas y, en casos muy graves, incluso penales.
Además, la normativa plantea también aumentar las inspecciones a las empresas. Esta iniciativa forma parte de un paquete más amplio de medidas que la Comisión Europea ha elaborado a requerimiento de los Estados miembros, que en diciembre de 2005 decidieron poner las bases para una política europea común de inmigración basada en un enfoque global.
Así, además de la propuesta de directiva sobre los empleadores, Frattini explicará también posibles mecanismos para facilitar la emigración circular, que permitía a los emigrantes acudir a Europa para trabajar de manera temporal a cambio del compromiso del país de origen de aceptar la repatriación una vez finalizado el contrato.
Mediante este sistema se puede responder al mismo tiempo a las necesidades del mercado laboral de la Unión Europea y a las del país origen de la emigración sin provocar una fuga de cerebros. La propuesta sobre movimiento legal de personas busca asimismo ser un instrumento de lucha para frenar la emigración ilegal, otro de los objetivos fijados por el Consejo.
En diciembre de 2005, el Consejo Europeo diseñó un enfoque global para hacer frente al problema migratorio que centró inicialmente su atención en la región Mediterránea y en Africa. Un año después, los 27 pidieron a la Comisión proponer medias concretas para aplicar este enfoque a las regiones vecinas del sur y este de Europa.
Bruselas hará recomendaciones a los Estados miembros que consistirán en reforzar el diálogo y la cooperación con los países vecinos en materia migratoria y que podría contemplar la facilitación de visados a determinado tipo de ciudadanos que no representen riesgo de convertirse en inmigrantes ilegales o supongan una amenaza para el orden público o la adopción de legislaciones más transparentes y coherentes para la concesión de visas.
El paquete de medidas sobre política migratoria incluye un plan de migración legal e integración enfocado a trabajadores temporales y/o altamente cualificados. La Comisión pretende presentar en septiembre de este año dos propuestas legislativas sobre este asunto: una directiva sobre las condiciones de admisión de los trabajadores cualificados y otra sobre los derechos de los inmigrantes legales que se encuentren en situación de desempleo.
También habrá un capítulo dedicado al control de las fronteras y la lucha contra la emigración ilegal. A la luz de los informes de evaluación de la Agencia Europea de Control de Fronteras (Frontex) se propondrá la revisión del futuro mandato del organismo y el establecimiento de un sistema para registrar las entradas y salidas que permitan conocer los movimientos en las fronteras exteriores y cruzar estos datos con los de los registros de viajeros.
La batería de propuestas se completa con la creación de un sistema europeo común de asilo, que surje tras la idea de hacer de la Unión Europea un área única de protección para los refugiados, basada en la completa aplicación de la Convención de Ginebra y en los valores humanitarios compartidos por todos los Estados miembros de la UE.
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