Un total de 107 municipios andaluces, que suman una población de 1,6 millones de habitantes, se beneficiarán de las medidas incluidas en los nueve planes de Actuaciones Territoriales Integrales Preferentes para el Empleo (Atipes) diseñados por la Junta para actuar sobre zonas desfavorecidas de la comunidad, con una inversión de 665 millones de euros para los próximos cuatro años.
El Consejo de Gobierno dio luz verde a la puesta en marcha de estos "planes a la carta", según indicó el consejero de Empleo, Antonio Fernández, elaborados para la Bahía de Cádiz, el Campo de Gibraltar, el Valle del Guadiato, la ciudad de Córdoba, la comarca de Guadix, la Cuenca Minera de Huelva, La Sierra-Condado de Jaén, el Bajo Guadalquivir y el Polígono Sur de Sevilla.
En rueda de prensa, Fernández explicó que estas zonas suman un volumen de paro registrado de 177.571 personas, lo que supone el 36% de todos los desempleados andaluces, por lo que se pretende aplicar un total de 351 acciones recogidas en lo que definió como "planes intensivos de intervención pública y privada" para "equilibrar" estos territorios con el resto de la región.
Se trata, según precisó, de "medidas especiales y con una financiación más intensa" que la prevista con carácter general en el actual marco regulador de las políticas activas de empleo, los planes de formación y los incentivos a la contratación estable y el autoempleo.
Diagnóstico
Entre los criterios que se han manejado para la delimitación de las nueve zonas donde se desarrollarán los planes Atipes, se encuentra que su población presenta un índice de dependencia superior al 45,31%; una tasa migratoria inferior a 6,2 por cada mil habitantes; una tasa de paro global por encima del 27,85% (37,2% en el caso del desempleo femenino); tasas de ocupación masculina y femenina por debajo del 43,45% y del 22%, respectivamente, y volumen de actividad femenina inferior al 31,72%.
Además de estos indicadores, los planes tienen en cuenta otros factores cualitativos de especial incidencia en la evolución del empleo, como los referentes a reestructuraciones de sectores económicos predominantes, la necesidad de anticiparse a cambios en el mercado de trabajo o las situaciones de desempleo asociadas a dificultades de integración social.
Fernández apuntó que las medidas concretas incluidas en cada plan se clasifican en cuatro apartados: apoyo directo a la creación de empleo, fomento del autoempleo, impulso de la actividad productiva y mejora de los recursos humanos.
Medidas
El primero de estos capítulos incluye, además de incentivos al empleo estable (hasta un máximo de 9.000 euros), un incremento de las ayudas para transformaciones de contratos temporales a indefinidos (hasta 6.000 euros), así como un incentivo para las nuevas contrataciones bajo la modalidad de fijo-discontinuo (hasta 6.000 euros). También se desarrollarán otras medidas con el fin de facilitar la reincorporación al mercado laboral de mujeres con personas dependientes a su cargo.
Respecto al autoempleo, se establece para los nueve territorios seleccionados una aplicación preferente del Plan Más Autónomos, con ayudas de hasta 9.000 euros para el inicio de la actividad empresarial autónoma y de hasta 5.000 euros para la primera contratación de carácter estable que lleve a cabo un trabajador por cuenta propia.
En el apartado de impulso a la actividad productiva, destacan, entre otras medidas, el apoyo a la captación de inversiones generadoras de empleo; el análisis permanente del mercado laboral para planificar las acciones de formación; los programas de apoyo a la función gerencial y a la contratación de personas expertas en empresas calificadas como I+E (Innovación y Empleo); las iniciativas para favorecer el traslado de pymes al exterior de los cascos urbanos, y el apoyo a la creación de empresas para rutas medioambientales, a través de un programa de asesoramiento que se prolongará durante los dos primeros años de funcionamiento.
Finalmente, para la mejora de los recursos humanos, los planes incluyen programas de Formación Profesional Ocupacional con compromisos de contratación para los participantes y realización de prácticas en empresas vinculadas a actividades emergentes. Estas medidas se completan con planes específicos de becas y ayudas de asistencia para colectivos sociales con especiales dificultades de inserción laboral; formación especializada de trabajadores autónomos para perfeccionar la gestión y mejorar sus formas de financiación, e iniciativas de conciliación de la vida laboral y familiar.
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