Delphi hizo efectivo ayer su anuncio de hace sólo unos días. La compañía con sede en Puerto Real presentó ante el juzgado Mercantil de Cádiz una solicitud de expediente de regulación de empleo de toda la plantilla de la factoría. La extinción colectiva de los puestos de trabajo es uno de los pasos contemplados en la ley concursal, a la que está sometida desde el pasado 16 de abril, pero la empresa de componentes de automoción ha optado por adelantarse a los plazos legales ordinarios, ya que la norma de 2003 contempla que el ERE «sólo podrá solicitarse una vez emitido el informe por la administración concursal». Según el procedimiento ordinario, el ERE podría haberse demorado hasta el verano, ya que el auditor de cuentas Adalberto Cañadas y PriceWaterhouse –dos administradores nombrados por la jueza de lo Mercantil– tienen de plazo dos meses para elaborarlo desde su aceptación del cargo, es decir, al menos hasta finales de junio, e incluso, la magistrada puede prorrogar el periodo un mes más.
Sin embargo, la compañía de origen estadounidense ha apremiado el proceso concursal y se ha acogido a la excepción que recoge la ley, según la que únicamente se podrá solicitar una regulación laboral antes de este tiempo o en otro momento del procedimiento en el caso de que «se estime que la demora en la aplicación de las medidas colectivas pretendidas puede comprometer gravemente la viabilidad futura de la empresa». Éste es el supuesto al que se ha acogido la dirección de la factoría de Puerto Real, que, también con la ley en la mano, deberá acreditar esta circunstancia excepcional, además de «exponer y justificar» la demanda de ERE.
Insistencia en el cierre
Desde la multinacional, además se insistió en el cierre de la factoría, aunque el concurso de acreedores al que está sometida lo que persigue es, precisamente, intentar mantener la actividad o, en su caso, al menos la empresa, incluso si para ello es necesario liquidar la gran totalidad de los activos para solventar las deudas con los acreedores, eliminar las pérdidas y devolver a la compañía a una situación de solvencia.
Frente a esta situación legal, los responsables insistieron en ser «conscientes del impacto de que la clausura de las instalaciones gaditanas tendrá entre los trabajadores, los clientes, los proveedores y demás colectivos afectados». En consecuencia, resaltaron la importancia de mantener un «clima de colaboración» con los representantes sindicales y las autoridades para alcanzar acuerdos, pero siempre teniendo en cuenta «las limitaciones financieras a las que se enfrenta la empresa».
Reacciones
Fuentes de UGT pertenecientes al comité de empresa calificaron este nuevo movimiento de ficha de la multinacional como «la última jugada de la empresa para irse de rositas». Desde el órgano de representación de la plantilla de la factoría se asegura que la compañía ha manipulado los datos contables reales mediante la técnica de «compras de materiales a un precio superior al del mercado y venta del producto manufacturado en las instalaciones de la fábrica por debajo de su coste».
Por otro lado, el consejero de Innovación, Francisco Vallejo, afirmó ayer en referencia a lo publicado por LA VOZ que, al igual que con la empresa Afer, «estamos negociando con otras cinco empresas más» para que se instalen en la Bahía gaditana, tras el posible cierre de la multinacional, aunque apuntó que «no hay un acuerdo cerrado». Vallejo reconoció que «se está viendo la posibilidad» de que estas empresas se ubiquen, si se cierra el acuerdo, «en una zona que se llama fábrica de Delphi», al tiempo que recordó que existen ya acuerdos cerrados con tres empresas, que en los próximos días viajarán a Cádiz para «poner en marcha sus proyectos y para que compren los terrenos». El consejero matizó que estas sociedades darán respuesta a las necesidades de la Bahía y no sólo al conflicto de Delphi.
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