29 de noviembre de 2024
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La fórmula de financiación bloquea de nuevo las transferencias de empleo

La fórmula de financiación bloquea de nuevo las transferencias de empleo
Los gobiernos central y vasco acercan posturas tras varios meses de negociaciones discretas, que han encallado en la aplicación del Concierto
Los gobiernos central y vasco han dado un gran impulso en los últimos meses al proceso de transferencias de las políticas activas de empleo, tras superar una serie de obstáculos, para llegar a un nuevo punto de bloqueo que ambas partes han sido incapaces de solventar y que creen improbable que se arregle ya en esta legislatura.

Según fuentes del Departamento de Empleo del Gobierno vasco y del Ministerio de Trabajo, el último escollo reside en la exigencia de Vitoria de aplicar el mecanismo del Concierto Económico a las partidas destinadas a desarrollar esas competencias, que ascienden a unos 420 millones de euros al año; es decir, unos 70.000 millones de las antiguas pesetas.

Las políticas activas de empleo están compuestas, fundamentalmente, por la formación ocupacional, las formación continua o de reciclaje, las escuelas taller, las bonificaciones a empresas en sus cotizaciones a la Seguridad Social y la intermediación en el mercado laboral. En la actualidad, estas actividades son desempeñadas por los servicios públicos de empleo estatales -antiguo Inem- y han sido ya traspasadas a todas las comunidades, salvo Euskadi.

Caja única

Durante varios años, esta transferencia estuvo paralizada por la exigencia del Gobierno vasco de que las políticas activas fueran acompañadas de la pasivas (cotizaciones y prestaciones por desempleo). Al final, el Ejecutivo de Vitoria aparcó esa reivindicación para más adelante con la esperanza de cerrar un acuerdo. El cambio de posición propició notables acercamientos de posturas en las discretas negociaciones mantenidas por ambas partes en los últimos meses. Sin embargo, el diálogo ha quedado nuevamente bloqueado al tropezar con la fórmula del Concierto y el concepto de caja única que la Administración central otorga a las cotizaciones para la formación.

Juan José Loroño, viceconsejero de Empleo, explica que, a la hora de la transferencia, Madrid admite la aplicación del mecanismo del Concierto en los capítulos 1 (personal), 2 (gastos corrientes) y 6 (inversiones reales), pero se opone a hacerlo en el 4, el de las transferencias entre instituciones, que en este caso se refiere a las cuotas de formación.

Como alternativa, el ministerio ofrece la suscripción de un convenio entre ambos gobiernos, con la correspondiente dotación económica.

Loroño indica que el Ejecutivo vasco incluso ha ofrecido que le sean restados directamente de la partida que le corresponda los fondos destinados a la formación continua de demanda -que las empresas descuentan de sus cotizaciones a la Seguridad Social- y los destinados a incentivar la creación de empleo, pero calculados sobre el 6,24% del total nacional, que es la cuota del Concierto Económico vasco. Pero lo que de ninguna manera acepta Vitoria es recibir el mismo tratamiento que el resto de las comunidades, ya que ellas no disponen de ese régimen fiscal.

Las negociaciones se encuentran bloqueadas desde comienzos de año. Ni el intercambio epistolar ni la última reunión mantenida en marzo han permitido dar nuevos pasos.

«Preconstitucional»

Loroño señala que la posición numantina que mantiene el Gobierno central en este asunto no está justificada, ya que el concepto de caja única es «preconstitucional y no se aplica en casos como las mutuas de accidentes de trabajo». Además -subraya-, parte de esos fondos, como las aportaciones del Fondo Social Europeo o las transferencias del Estado al Inem para políticas de empleo, no son cuotas. El problema estaría -precisa- en las presiones de los agentes sociales, en referencia velada a los sindicatos CC OO y UGT y a la patronal CEOE.

Fuentes consultadas por este diario confirmaron que ambas centrales defienden la vía del convenio frente a la del Concierto, y recuerdan que su opinión debe ser tenida en cuenta, dado que las cuotas de formación pertenecen a los trabajadores y a los empresarios, que son los que las pagan.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, en una entrevista publicada por EL CORREO el pasado 31 de marzo, apuntaba ya que la causa del bloqueo estaba en las bonificaciones que paga el sistema estatal de empleo, pero cuya gestión corresponde a la Seguridad Social. En su opinión, este capítulo entra dentro del modelo de gestión global, que «no se puede trocear, porque podría introducir riesgos «sobre la estabilidad y garantía del sistema».

Ante esta situación, la esperanza de alcanzar un pacto en la presente legislatura parece desvanecerse a medida que pasa el tiempo y que el clima político se enrarece por las campañas electorales.

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