El estudio del expediente disciplinario que el alcalde de Abanto abrió el año pasado al entonces presidente de la Junta de personal ya ha concluido. El instructor del caso ha propuesto como sanción el despido del trabajador. Ahora es el regidor, Manu Tejada (PNV), quien debe tomar la decisión de ratificar o no este fallo. «Todavía no conozco los términos de la resolución», apuntó ayer el primer edil.
En junio de 2006 el alcalde expedientó al funcionario «por no incorporarse a su puesto». Tras permanecer tres años de baja, en una inspección laboral se le denegó la incapacidad permanente y el equipo de gobierno entendió que el empleado debía regresar a sus funciones. Pero el trabajador se negó porque su médico de cabecera «no le había dado el alta». «Desde entonces le han operado dos veces y apenas puede estar sentado, ¿cómo quieren que vuelva al Ayuntamiento?», denunció el Comité de Empresa.
Para el primer edil, este caso «supone un agravio comparativo con los demás funcionarios que también cursan bajas».
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