El Defensor del Pueblo recomienda al Gobierno que estudie "vías" que hagan posible que los subsaharianos que residen en España irregularmente y que tienen una orden de expulsión puedan incorporarse al mercado laboral "regular" y asegurarse así unas condiciones de vida "dignas".
Para esta Institución, las órdenes de expulsión que dicta la Administración contra estas personas "impiden su regularización y su subsistencia" y favorecen "su exclusión social y explotación laboral".
El informe recuerda que en junio de 2006, el Pleno del Senado, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, aprobó una moción que instaba al Gobierno a "dar una solución" a los inmigrantes indocumentados que viven en España, que no pudieron acogerse al proceso de normalización del año anterior.
La moción, precisa el informe, insta al Gobierno a evaluar de manera individual la situación de estos inmigrantes, a "estudiar otras posibilidades de concesión de autorizaciones de residencia y trabajo con carácter extraordinario" y a hacer "un seguimiento exhaustivo de este colectivo para conocer su situación y especiales circunstancias".
Según el Defensor del Pueblo, esta moción "coincide plenamente" con su criterio por lo que "celebraría" que el Gobierno escuchara la propuesta del Senado y estableciera un régimen que facilitase el acceso al empleo de estos subsaharianos".
El informe del Defensor también hace referencia a la "constante llegada de cayucos" a Canarias durante el 2006, con inmigrantes que arriban "en condiciones dramáticas, huyendo del hambre, la miseria y, no pocas veces, de países en conflicto".
El "recrudecimiento de las entradas masivas" ha obligado a las autoridades del archipiélago a adoptar medidas de urgencia y a habilitar recintos para acoger a estas personas y gestionar su repatriación.
Sin embargo, "sin menoscabar el notable esfuerzo de las autoridades implicadas", en algunos casos, "las medidas adoptadas no han conseguido el resultado pretendido", señala.
El Defensor del Pueblo también advierte que hay "una falla en el sistema de protección de menores que debe considerarse grave", ya que se ha constatado que "pese a la apariencia de minoría de edad de algunos extranjeros indocumentados llegados a Canarias", se les ha tratado "como adultos" y, sin hacerles pruebas para determinar su edad, se iniciaron los procedimientos de expulsión e internamiento.
Asimismo, el informe denuncia las malas condiciones del centro de internamiento de Algeciras, por su "impronta carcelaria", entre otros aspectos, y considera que el de la isla de La Paloma en Tarifa (Cádiz), que se está reformando, "reproducirá el aspecto carcelario del centro de Algeciras".
Sobre el último proceso de regularización, opina que la exigencia de empadronamiento pudo ser eficaz para aclarar la tramitación de expedientes, pero -dice- obligó a denegar la residencia pese a estar acreditada la residencia, lo que conduce "a dictar resoluciones respetuosas con la norma, pero no adecuadas" al fin perseguido.
En cuanto a la tramitación de visados, el informe alude a las quejas derivadas de la falta de fiabilidad de las certificaciones registrales de algunos países, lo que finalmente conduce a la denegación de visados.
Concretamente, menciona el problema al que se enfrenta la embajada de España en Ghana para la resolución de expedientes de residencia por reagrupación ya que "la estimación de fraude está cercana al 70 por ciento".
Las falsificaciones se extienden no sólo a los documentos de viaje, sino también a certificados de estado civil, escolares y financieros, según las investigaciones llevadas a cabo por una misión comunitaria desplazada a ese país africano.
Cargando ...
Los comentarios están cerrados.