El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, confía en que la ley de la función pública en la Administración General del Estado (AGE) pueda ser aprobada por el Parlamento al inicio de la próxima legislatura, después de "acordar las líneas maestras" de la norma antes de consumir el vigente periodo.
No obstante, añadió que en la actualidad hay "dos o tres desarrollos no vinculados a rango de ley" que el Ministerio pretende aprobar este año, como la evaluación del desempeño o el directivo público.
Esta fue una de las cuestiones consultadas al titular de Administraciones Públicas durante la inauguración ayer de la nueva versión de la web www.060.es, para la que participó en un chat con ciudadanos que le formularon hasta 200 preguntas.
La mayor parte de las cuestiones planteadas por los participantes se refirieron a los salarios de algunos grupos funcionariales de la AGE. Sevilla, se refirió concretamente a la reducida remuneración de los pertenecientes al Grupo D e inferiores -de menos de 1.000 euros al mes según uno de los ciudadanos participantes-, y señaló que también se dan estos sueldos en el sector privado, donde, por otra parte, no se cuenta con "algunas ventajas adicionales" que brinda el sector público y que "conviene no olvidar".
No obstante, precisó que los empleados laborales de la Administración cobrarán "como mínimo" esa cantidad el próximo año, mientras que el resto "seguirán subiendo las pagas extra como hasta ahora y el suelo por encima de la inflación".
Asimismo, ante el testimonio de un ciudadano que se quejaba de una pérdida continuada de poder adquisitivo por parte de los funcionarios de la AGE durante los últimos 15 años, Sevilla aseguró que "sólo en 1997 se congeló el sueldo de los funcionarios", mientras que en los tres años de la actual legislatura "se han mejorado las pagas extra, se ha incorporado un fondo de pensiones y la negociación colectiva ha establecido subidas por encima del IPC".
La administración electrónica fue otro de los temas más consultados por los usuarios del chat. En este punto, Sevilla aseguró que el Ministerio la seguirá potenciando "hasta el infinito o más", ya que, a su juicio, "tiene un potencial de cambio importante y significa reforzar derechos de los ciudadanos".
Además, explicó que la ley de acceso electrónico a las administraciones -pendiente de aprobación en el Senado-, "significará un cambio fundamental en la manera de operar y de relacionarse de la Administración con los ciudadanos. Sin colas, abiertos 24 horas al día".
Entre las consultas aisladas, Sevilla precisó que el Ministerio de Administraciones Públicas no tiene previsto transferir el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) a ninguna comunidad autónoma.
Asimismo, explicó que su Gabinete estudiará la posibilidad de crear una oficina de atención al funcionario que informe sobre sus derechos y deberes en las tres administraciones (central, autonómica y local).
Por último, consideró legítimas las privatizaciones de ciertos servicios desempeñados por funcionarios en algunas administraciones, ya que cada una de ellas "tiene capacidad y autonomía para negociar y establecer complementos". "Para lo bueno y para lo menos bueno, la autonomía de las administraciones es una norma constitucional", añadió. No obstante, Sevilla reconoció: "Privatizar un hospital me preocupa, el servicio de limpieza del Ministerio me preocupa menos".
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