24 de noviembre de 2024
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Primera huelga general contra un Gobierno socialista en Portugal

Primera huelga general contra un Gobierno socialista en Portugal

Portugal afronta este miércoles la primera huelga general contra un Gobierno socialista desde la restauración de la democracia en 1974, convocada por la Confederación General de Trabajadores Portugueses (CGTP, de tendencia comunista).

El sindicato, que afirma representar a más de 700.000 trabajadores, protesta contra la gestión económica y social del primer ministro, José Sócrates, y no ha logrado la adhesión de la Unión General de Trabajadores (UGT, de tendencia socialista) la cual considera que la movilización no tiene objetivos claros.

Pero el secretario general de la CGTP, Manuel da Silva, quiere que el Gobierno modifique su "errónea" política económica bajo la presión de esta huelga general, la quinta desde que la revolución del 25 de abril instauró la democracia lusa.

La política de reformas económicas y sociales de Sócrates para reducir los gastos del Estado y sus medidas de ahorro presupuestario han levantado una fuerte oposición entre los trabajadores de servicios públicos como la administración, el transporte, la enseñanza e incluso las fuerzas de seguridad.

El líder socialista, que ganó con mayoría absoluta las elecciones de 2005, ha sufrido en los últimos meses varias huelgas sectoriales y algunas de las manifestaciones más concurridas que se recuerdan en Lisboa.

Da Silva mostró su confianza en el éxito de esta primera huelga general contra Sócrates, aunque advirtió que los servicios mínimos "excesivos" marcados por el Ejecutivo pueden perjudicar la paralización del país que quieren lograr.

La CGTP impugnó ante los tribunales de Justicia algunas decisiones de las comisiones encargadas de fijar esos servicios mínimos para empresas de transporte, como el Metro de Lisboa y Transtejo, que enlaza las dos orillas del Tajo en la capital.

Da Silva escribió al jefe del Gobierno para rechazar esos servicios mínimos, que, según el sindicalista, van más allá de las necesidades definidas por la ley y supondrán el funcionamiento casi normal de algunas empresas.

El sindicato comunista no quiso aventurar la adhesión que espera a la huelga, aunque varios de sus dirigentes se mostraron satisfechos por el nivel de movilización entre los trabajadores.

Más de 25.000 sindicalistas participaron en el último mes en cerca de 7.000 reuniones en todo el país, según Amavel Alves, miembro de la comisión Intersindical de CGTP.

La central comunista pretende forzar al Gobierno a dar un giro económico y social pero también advertir a la patronal de la precariedad laboral que sufren miles de portugueses.

Mientras, el líder de la UGT lusa, Joao Proenca, explicó que su sindicato no secunda la huelga por carecer de "algún objetivo concreto".

La anterior huelga general en Portugal tuvo lugar el 10 de diciembre de 2002, cuando los sindicatos protestaron contra el Gobierno de centro derecha de José Manuel Durao Barroso por la implantación de un nuevo código de trabajo.

La primera protesta de ese tipo se había registrado el 12 de febrero de 1982, convocada también por CGTP en contra de la formación entonces gobernante, la Alianza Democrática de centro-derecha.

Fuera de las razones coyunturales, bajo la protesta sindical subyace también el descontento popular por la situación de Portugal, que sufre desde hace cinco años una fuerte crisis económica, con un índice de desempleo del 7,5% de la población activa.

El informe de primavera del Banco de Portugal consideró la caída de las inversiones, del 2,1% el pasado año, como uno de los aspectos más negativos de la economía lusa, aunque el gobierno consideró los últimos indicadores señales de reactivación.

El desempleo ha afectado con virulencia a un país acostumbrado a bajos salarios en relación con la media europea, pero que ya no puede competir con áreas geográficas como Asia, el norte de Africa o los países del este de Europa.

El goteo de cierres de fábricas como las de la japonesa Yazaki Saltano (533 empleados) o la de General Motors (1.200 empleados) muestra las fugas de empresas que no han dejado de destruir puestos de trabajo en los últimos años y han empujado a la emigración a miles de trabajadores, muchos de ellos a España.

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