La Fiscalía ha solicitado un año y seis meses de prisión para Teresa Casals, jefa del Servei Territorial de Carreteres de Lleida, tras comprobar que había suficientes indicios para poder imputarle un delito de coacciones perpetradas contra una funcionaria que estaba a su cargo. Es la primera vez que una denuncia por mobbing en la administración pública llega a un tribunal penal en Catalunya.
La acusación particular, que representa los intereses de la funcionaria coaccionada, ha solicitado para la acusada penas que suman los 9 años y seis meses de privación de libertad. El letrado de la trabajadora solicita una pena de cinco años y seis meses por un delito contra los derechos a los trabajadores, dos años de privación de libertad por el delito de lesiones, psicológicas, y dos años de cárcel por el delito de coacciones.
Además, solicita que la perjudicada sea indemnizada por los 860 días de baja que supuestamente le causó el mencionado mobbing. El Ministerio Fiscal por su parte solicita que la acusada indemnice a la víctima con 4.000 euros.
Pese a que la denuncia se presentó en abril de 2005, el pasado lunes Pep González, el Secretari General de la Federació de Serveis Públics de la UGT en Lleida, envió un escrito al conseller Joaquim Nadal. En el citado escrito esgrimía hechos como la imputación de Teresa Casals y el auto de la Audiencia Provincial de Lleida en el que no se descartaba la responsabilidad extrapenal de Jordi Benet, jefe del Servei de Carreteres de Lleida y de Josep Suarez, trabajador del Departament, considerando la existencia de posibles responsabilidades administrativas.
El escrito sindical asegura que se han vulnerado diversas normas del régimen sancionador y por todos los motivos expuestos al conseller Nadal solicita el cese en el cargo de Jordi Benet, jefe del Servei de Carreteres, por “la clara inhibición y participación en la situación encausada así como la apertura del preceptivo expediente disciplinario por sus actuaciones”. De igual forma se solicita el mismo expediente para el trabajador de departament.
La funcionaria presentó la denuncia en abril de 2005 y relataba nueve duros años de presuntas vejaciones, insultos y coacciones de su superior jerárquica Teresa Casals, jefa de la sección de actuación administrativa y régimen sancionador, contra la denunciante.
El acoso empezó en 1996 cuando Casals entró en calidad de jefa de sección y comenzó entonces, supuestamente, una actitud de acoso, menosprecio, a lo que debe sumarse unas coacciones hacia la funcionaria.
La imputación de Casals estuvo fundamentada en diversas testificales efectuadas a compañeros de trabajo. Una trabajadora aseguró que la jefa de sección “no trataba bien a la funcionaria, que escuchaba gritos hacia ella”. “Incluso en una ocasión escuché a la Señora Casals gritarle que acabaría con ella, pero que no lo haría hasta conseguir que la echaran de su puesto de trabajo”, aseguró ante el juez la trabajadora.
La misma testigo aseguró que era frecuente que la denunciante saliera corriendo, además, también era común que se dirigiera hacia ella con expresiones como tonta e inútil.
Además, también relató un episodio en que Casals presuntamente empujó con fuerza a la querellante contra un armario. Otro compañero aseguró haber visto “muchas veces a la funcionaria llorando y comentando que la Señora Casals le hacía la vida imposible, la amargaba y no encontraba bien nada de lo que hacía”.
Una constante en las testificales era que la acusada ordenaba a la denunciante funciones por debajo de su categoría profesional.
Fiscalía asegura que en su escrito de acusación que Casals mantuvo una actitud “continua de menosprecio y acoso contra la víctima para que abandonase el puesto de trabajo”. Fiscalía pide un año y medio de prisión para Casals
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