Alrededor de un centenar de mineros prejubilados de Mina La Camocha (Asturias) se concentraron hoy frente al Ministerio de Industria en Madrid para exigir el pago de los casi 11 millones de euros que la empresa adeuda a 477 antiguos trabajadores desde 2002.
Los manifestantes dejaron en el registro del Ministerio un documento en el que se han recogido las firmas de los mineros afectados y en el que exponen tanto los antecedentes de la situación como sus reclamaciones, pero no fueron recibidos por ningún miembro del Departamento.
El acuerdo de prejubilación firmado establecía que los mineros recibirían el cien por cien de su sueldo, un capital que el Estado cubriría al 78% y la empresa al 22%, porcentaje que Mina La Camocha no ha pagado desde 2002 y que, según el portavoz del colectivo, Eladio Fernández Zapico, asciende a "1.800 millones de pesetas" (10,8 millones de euros).
Según Fernández Zapico, los afectados tienen tres sentencias judiciales favorables, la última del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, pero resaltó que la situación se encuentra paralizada después de que Mina La Camocha presentara una demanda colectiva a principios de 2007 cuya sentencia se conocerá en las próximas semanas.
Para el citado portavoz, esta "artimaña legal" tiene como objetivo "dilatar el proceso", y recordó que la empresa defendió que los afectados "no tenían razón" y, posteriormente, alegó "que no tenía dinero" para pagar las prejubilaciones, argumento ante el que los afectados se muestran muy críticos, ya que Mina La Camocha recibe importantes subvenciones por parte del Estado.
Fernández Zapico añadió que, tras entregar el documento en Industria, ahora esperarán un "tiempo prudencial" para ver cómo evolucionan los acontecimientos, pero en caso de no obtener una respuesta satisfactoria anunció que volverán a la capital con la intención de quedarse e, incluso, acampar frente a la sede ministerial.
"Nadie pone los pies encima de la mesa y dice que ya está bien de reirse de 500 paisanos", apuntó Fernández Zapico, que mostró su preocupación por el futuro cierre de la empresa, que los sindicatos, según el portavoz, fechan en el próximo 31 de diciembre.
Fuentes ministeriales, tras confirmar que los manifestantes no serían recibidos, comentaron que la agenda de Industria estaba completa y les emplazaron a pedir una cita con el secretario de Estado de Energía.
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