Los 146 empleados afectados por la crisis de la empresa mallorquina de calzado Yanko recibirán en torno al día 15 la parte de las indemnizaciones por despido que les queda por cobrar, después de que el Ministerio de Trabajo aprobase el 21 de mayo el pago del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).
Así lo expuso el secretario de acción sindical de UGT, Manuel Pelarda, en declaraciones a Efe.
Pelarda indicó que los trabajadores ya han cobrado el 50 por ciento de las indemnizaciones, abonado por los administradores concursales tras los recursos económicos obtenidos por la venta a Koyan 003 de las marcas de la empresa en crisis, entre las que destacan Yanko, Pepe Albaladejo y Rover.
Además, expuso, el Govern balear abonó el 25 de mayo los 1.145.960 euros que se había comprometido a pagar para mejorar las compensaciones a los trabajadores por los despidos, medida que solo afecta a los empleados que prestaban sus servicios en el archipiélago, que son la gran mayoría de los afectados.
Con el pago íntegro de las indemnizaciones se resolverá la vía laboral del conflicto generado por la crisis de Yanko y quedaría por solventar el proceso concursal y la querella criminal interpuesta por UGT por la venta de la fábrica de Llucmajor y el traspaso del alquiler de una tienda en el Paseo de Gracia de Barcelona.
Además de las deudas con los trabajadores, los administradores concursales han satisfecho los pagos pendientes con el Govern balear, que en una anterior crisis de Yanko había avalado las marcas de la empresa con tres millones de euros, así como con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.
Sin embargo, tras abonar los compromisos adquiridos ante estos acreedores, considerados prioritarios por la Ley Concursal, aún restan por satisfacer las deudas que Yanko mantiene con un gran número de personas físicas y jurídicas.
Para afrontar estas deudas debe concluir la liquidación de los bienes de la empresa y comprobarse la validez de las operaciones realizadas poco antes de que se iniciara el concurso de acreedores en los juzgados de Palma.
Entre dichas operaciones están las que han sido objeto de la querella presentada por UGT, dentro de un proceso judicial que se encuentra en la fase de investigación, la cual no concluirá antes de septiembre, según las previsiones de Pelarda.
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