El último gestor de Sintel compró por 1 euro la empresa cuando perdía 500 millones al mes

El último administrador de Sintel, Carlos Gila, defendió ayer su gestión al frente de la filial de Telefónica, que se saldó con una quiebra de 120 millones de euros, y reconoció ante el juez que, en 2001, compró por un euro la empresa, aunque perdía al mes 500 millones de pesetas (3 millones de euros).

Así lo indicaron fuentes jurídicas tras su declaración, durante dos horas, ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga un delito de insolvencia punible en la quiebra de Sintel en el que ya están imputadas 23 personas.

El fiscal José Grinda González preguntó a Gila por sus labores concretas en la administración de Sintel, ya que, según sus escritos, participó, junto a los otros imputados, en el 'vaciamiento patrimonial' de la filial de Telefónica, que acabó con el despido de 1.828 trabajadores y un agujero patrimonial superior a los 59,36 millones de euros.

A juicio de Anticorrupción, Carlos Gila fue designado como administrador de Sintel 'con la finalidad de seguir controlando lo que restaba' en la antigua filial de Telefónica, que cambió de accionariado más de cuatro veces en poco menos de cinco años.

Sin embargo, según fuentes jurídicas, Carlos Gila recordó que ha ejercido su labor como 'reflotador' de empresas con problemas económicos en otras ocasiones y que pretendía hacer lo mismo con Sintel, aunque esta sociedad dependía mucho de Telefónica, ya que era su cliente único.

Gila comentó que se reunió con directivos de Telefónica como Diego Lozano, Joaquín de Fuentes, Mas Millet y llegó a contactar telefónicamente con el presidente de Telefónica España, Fernando Abril Martorell, aunque no llegó a 'acuerdos concretos' ni tampoco supo reclamar los 7.500 millones de pesetas (45,07 millones de euros) que figuraban en el activo de la compañía durante la suspensión de pagos.

Además, entre 2000 y 2001, presentó un expediente temporal de regulación de empleo, que fue rechazado por el Ministerio de Trabajo, y negoció una salida para Sintel con la Administración del Estado, que le pidió, según sus palabras, 'tener un accionista con cara y ojos' en Sintel.

Precisamente Carlos Gila reconoció que, pese a recibir el encargo de reflotar Sintel por parte de los accionistas Jesús Roa y Carlos Tejera, le 'costó al principio' saber de quién era la filial de Telefónica, hasta que fue sabiendo de otros partícipes como José Miguel Sariego, José Antonio Casanova y Ricardo Campos -ligados a Mastec y varias sociedades en las Islas Vírgenes-, el libanés Jussuf Jamal o los consejeros Dositeo Barreiro y Francisco Javier Martínez de la Hidalga, todos ellos imputados.

También comentó al juez que todas las decisiones adoptadas eran supervisadas por los interventores judiciales ya que, en julio de 2000, cuando accedió al cargo, tenía ya un déficit de 3.000 millones de pesetas (18,03 millones de euros) y perdía cada mes 500 millones de pesetas (3 millones de euros).

Pese a ello, en marzo de 2001, Carlos Gila decidió hacerse con todo el capital social de Sintel por un euro, sólo meses antes de que se produjese la quiebra voluntaria de la filial de Telefónica, en la que se detectó un agujero patrimonial superior a los 60 millones de euros.

El fiscal José Grinda le preguntó si Telefónica buscaba 'evitar que una futura insolvencia de su filial comportase perjuicios económicos para la matriz' y eludir 'el coste laboral y político del desempleo de sus trabajadores', a lo que Gila contestó que era 'muy difícil' buscar un futuro para Sintel por la 'conflictividad' de sus trabajadores.

Según Anticorrupción, la 'sucesiva labor' de los imputados en la causa motivó 'notables perjuicios' estimados a Efe por fuentes jurídicas en mas de 188,34 millones de euros, ya que se dañó a los 1.700 acreedores de Sintel (98,19 millones de euros), los trabajadores (30,05 millones de euros) e incluso el Estado, pues repartió en ayudas más de 60 millones de euros.

El próximo 20 de junio será el turno de otros tres imputados en el caso y relacionados supuestamente con el pago de comisiones millonarias y desvíos de dinero: el libanés Yussuf Jamal; el presidente de 'Patllari', Pedro Casals, y su mujer, María Antonia Rotllan, que ejercía como apoderada de la empresa.

'Patllari' y 'Catenon' recibieron de Sintel 'varias comisiones millonarias cuyo objetivo todavía no se ha podido esclarecer', que 'supusieron igualmente esquilmar el dinero en efectivo' con el que la filial de Telefónica, quebrada en 2001, 'apenas podía contar', a juicio del fiscal.